POR NAYARA BATSCHKE
SANTIAGO (AP) — La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el martes un controvertido acuerdo militar que permite la presencia temporal de personal militar y civil de Estados Unidos en el país sudamericano, en momentos en que el gigante norteamericano apuesta por reforzar su presencia en América Latina.
Con 53 votos a favor y solo 8 en contra, el acuerdo de cooperación militar y seguridad (SOFA, por sus siglas en inglés) fue respaldado por una amplia mayoría de los legisladores, quedando ahora solo a la espera de la promulgación del Poder Ejecutivo para que entre en vigor.
El acuerdo, firmado por ambos países el pasado diciembre en Washington, establece un marco jurídico para la presencia de fuerzas de seguridad estadounidenses en Paraguay con fines de entrenamiento, ejercicios conjuntos y asistencia humanitaria.
Autoriza, además, a Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre su personal mientras se encuentre en el país sudamericano.
El tratado, calificado como “histórico” por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, y el Departamento de Estado estadounidense, ya había recibido luz verde del Senado la semana pasada, donde el debate fue algo más polarizado que el de la Cámara Baja ante el cuestionamiento de varios legisladores sobre una supuesta violación de soberanía.
Ello porque, entre los puntos más controvertidos, establece que las tropas extranjeras que participen de los ejercicios en territorio paraguayo tendrán inmunidad equivalentes a las del personal de misiones diplomáticas en caso de cometer delitos.
“Nosotros creemos en la cooperación internacional, pero para eso también creemos en Estados fuertes, instituciones respetadas y una soberanía democrática real”, dijo el diputado independiente Raúl Benítez.
Al detallar el acuerdo en diciembre, el canciller paraguayo defendió que su principal finalidad es afianzar la cooperación entre los dos países contra el crimen transnacional organizado y en “la lucha contra el terrorismo”.
Aclaró, además, que “no existe la posibilidad de instalación de bases militares de Estados Unidos” en Paraguay.
“No estamos entregando la soberanía; al contrario, estamos fortaleciendo las instituciones para dar más seguridad a los ciudadanos”, afirmó el diputado Alejandro Aguilera, del Partido Colorado.
Pese al amplio respaldo parlamentario, sectores de la sociedad civil han rechazado el acuerdo y criticado la “manera apresurada” con la que fue aprobado por el Legislativo.
“La seguridad de un pueblo no se construye importando tropas ni blindando a agentes extranjeros con inmunidades diplomáticas”, dijo en un comunicado la organización Servicio Paz y Justicia, con presencia en toda América Latina en la defensa y promoción de los derechos humanos, tras la media sanción otorgada por el Senado.
La entidad agregó que la alianza “no representa un avance en seguridad, sino la formalización de una geopolítica de la impunidad que vulnera los pilares de nuestra dignidad nacional”.
