Reportaje especial
Autor: Andrés Germán
En los últimos meses, diversos incidentes registrados en videos y difundidos a través de redes sociales han generado debate público sobre la relación entre agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y conductores, especialmente motoristas, en distintas provincias del país.
La Digesett, creada bajo el marco de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tiene como misión regular, supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.
Su labor se desarrolla en un entorno caracterizado por altos niveles de congestión vehicular, informalidad en el transporte y una cultura vial que aún enfrenta importantes retos estructurales.
Algunos ciudadanos han expresado preocupación por la forma en que se producen determinadas fiscalizaciones, señalando supuestos excesos o falta de claridad en los procedimientos.
Por su parte, autoridades han reiterado que los operativos buscan fortalecer la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito, que continúan siendo una problemática significativa en el país.
Expertos en seguridad vial sostienen que los conflictos en las vías suelen responder a múltiples factores: estrés laboral, presión social, desconocimiento de la normativa y deficiencias en la educación vial.
La interacción entre un agente y un conductor puede tornarse tensa si no existe comunicación efectiva y respeto mutuo.
En este contexto, analistas consideran pertinente reforzar la capacitación continua de los agentes en manejo de conflictos, comunicación asertiva y protocolos de actuación.
Asimismo, la implementación de herramientas tecnológicas, como cámaras corporales y sistemas digitales de fiscalización, podría contribuir a mayor transparencia y confianza institucional.
Del lado ciudadano, el cumplimiento de la ley, la documentación actualizada y una actitud colaborativa durante los controles son aspectos fundamentales para evitar confrontaciones.
La seguridad vial no es responsabilidad exclusiva de las autoridades, sino un compromiso compartido entre Estado y sociedad.
El debate actual representa una oportunidad para fortalecer la cultura de respeto en las vías públicas. Más allá de los incidentes puntuales, el desafío consiste en consolidar una relación basada en legalidad, profesionalismo y diálogo.
En un país donde los accidentes de tránsito continúan ocupando un lugar relevante en las estadísticas de seguridad pública, promover educación vial, institucionalidad sólida y confianza ciudadana resulta esencial para avanzar hacia un tránsito más seguro y ordenado.
