POR MARCOS ALEMÁN
SAN SALVADOR (AP) — El Salvador cerró 2025 con una baja récord en homicidios —82 casos—, en medio de un prolongado y cuestionado régimen de excepción con el que el gobierno del presidente Nayib Bukele combate a las pandillas violentas en el país centroamericano, informaron las autoridades el lunes.
Funcionarios del Gabinete de Seguridad destacaron en conferencia de prensa que el país registró 32 homicidios menos respecto al 2024 y 72 menos que en 2023.
El promedio diario de homicidios el año que acaba de terminar fue de apenas 0,2.
El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, sostuvo que “los datos confirman que las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Bukele y el Estado Salvadoreño eran las correctas, las necesarias, las que nos permiten ahora decir con muchas propiedad y contundencia que somos el país más seguro del hemisferio occidental”.
Los casos de homicidios reportados el año pasado, empero, no se atribuyeron a casos de pandillas. Villatoro detalló que de los 82 homicidios, 43 están relacionados con “intolerancia social”, 31 a “intolerancia familiar” y ocho a delincuencia general.
Agregó que más del 50% están relacionados con la ingesta de alcohol, y que en todos los casos los responsables fueron capturados.
Después de que en tan sólo un día de 2022 las pandillas asesinaron a 62 personas en todo El Salvador, el 27 de marzo de ese año el Congreso aprobó el estado de excepción a solicitud de Bukele, con el fin de combatir a las pandillas, que según las autoridades por más de tres décadas aterrorizaron a la nación centroamericana. Ese año cerró con 495 asesinatos.
Las pandillas operaban en el 90% del territorio, donde impartían su propia justicia con la consigna de “ver, oír y callar”, recaudaban casi 2 mil millones de dólares en extorsiones y asesinaban a los que no les pagaban, según las autoridades.
El estado de excepción suspendió derechos fundamentales, incluido el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado.
Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, y la detención sin audiencia se prolonga de 72 horas a 15 días.
Dentro de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso controlado por el partido Nuevas Ideas de Bukele también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito el pertenecer a una banda delictiva, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión.
Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
Desde que entró en vigor la medida, las autoridades dicen haber capturado 90.844 acusados de pertenecer supuestamente a las pandillas o tener vínculos con estos grupos criminales.
Bukele ha dicho que 8.000 personas que eran inocentes han sido liberadas.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que han registrado más de 6.000 denuncias efectuadas por víctimas bajo el régimen de excepción y documentado al menos la muerte de 373 personas bajo custodia de las autoridades.
En 2015, El Salvador registró 6.656 asesinatos y una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes. Ese año fue uno de los más violentos en la historia de la nación y el más violento desde el fin de la guerra civil.
