La Española aparece implícitamente dentro de las zonas donde Washington prevé actuar con más intensidad para proteger sus intereses.
La Casa Blanca acaba de redefinir su estrategia de seguridad nacional y el impacto para la República Dominicana será inmediato y profundo.
La National Security Strategy 2025 (Estrategia de seguridad nacional 2025) —el documento que guía la política exterior y militar estadounidense— coloca nuevamente al Hemisferio Occidental en el centro de las prioridades del gigante norteño. Y, en ese rediseño, el Caribe y la isla de La Española aparecen implícitamente dentro de las zonas donde Washington prevé actuar con más intensidad para proteger sus intereses.
El giro es claro. La Casa Blanca reinstala de manera explícita la Doctrina Monroe bajo un Trump Corollary, una versión reforzada que busca impedir que potencias extra-hemisféricas —China, Rusia o Irán— adquieran o controlen infraestructura estratégica en la región. Esto incluye puertos, telecomunicaciones, energía, redes digitales y activos logísticos.
Para la República Dominicana, que ha diversificado socios e inversiones, el margen para ese equilibrio disminuye. Washington advierte que no tolerará la presencia de actores externos en sectores que considere sensibles para la seguridad hemisférica. He ahí la verdadera clave de lo que ocurre en el Caribe de cara a Venezuela y su régimen dictatorial, claramente identificado con potencias extrarregionales.
Los nuevos factores
La migración ocupa un lugar central en la nueva estrategia. Al margen de la frontera sur de EE. UU., el documento afirma que el objetivo es frenar «cualquier flujo masivo» desde el origen.
En ese esquema, la isla de La Española —y en particular la crisis en Haití— se percibe como un punto crítico, porque la ruta que conecta República Dominicana con Puerto Rico, territorio estadounidense, es una de las más activas y peligrosas del Caribe.
Esto implica que Washington demandará a Santo Domingo una cooperación más amplia, probablemente bajo el formato de controles más estrictos, operaciones conjuntas contra redes de tráfico y una mayor vigilancia de las salidas marítimas hacia el canal de la Mona y la costa boricua. La NSS también autoriza un uso más agresivo de herramientas de seguridad.
El documento sostiene que la estrategia de law enforcement-only (aplicación exclusiva de la ley) fracasó y que, frente al narcotráfico y al crimen transnacional, Estados Unidos está dispuesto a emplear fuerza letal cuando sea necesario.
Aunque la República Dominicana no enfrenta carteles con control territorial como México, sí es un nodo de tránsito hacia Puerto Rico y la costa este estadounidense. Por ello, se anticipan más operaciones combinadas, mayor presencia de la Guardia Costera en aguas cercanas y un incremento en los patrullajes coordinados en el Caribe.
Otro cambio importante es la reorientación del despliegue militar estadounidense. Washington afirma que debe «reconsiderar» su presencia global y trasladar recursos hacia misiones dentro del hemisferio, con énfasis en control marítimo, prevención de migraciones irregulares y bloqueo a la penetración de actores externos.
Dentro de ese propósito se sitúa el despliegue de aviones cisterna norteamericanos en aeropuertos dominicanos, acordado con el secretario de Guerra Pete Hegseth en su reciente visita a Santo Domingo.
RD autoriza presencia temporal de EE. UU. en dos aeropuertos
El Caribe, por su ubicación entre dos rutas estratégicas —Golfo de México y Atlántico Norte— es parte natural de ese reajuste. Para República Dominicana esto implica que futuras solicitudes de ejercicios conjuntos, intercambios de inteligencia o acceso logístico tendrán un respaldo doctrinal más fuerte.
En el plano económico, la NSS impulsa una diplomacia comercial de sello marcadamente estadounidense. Ordena a sus embajadas y agencias financieras promover activamente a empresas norteamericanas en contratos públicos y privados, y presiona contra regulaciones o licitaciones que favorezcan a competidores externos.
Para República Dominicana hay oportunidades evidentes: nearshoring, energía, puertos, telecomunicaciones y manufactura ligera. Pero también habrá exigencias de trato preferencial para empresas de EE. UU. y una revisión más estricta de inversiones provenientes de terceros países, en especial China.
Derechos humanos: fuera de la estrategia
El documento elimina casi por completo la condicionalidad política asociada a democracia o gobernanza. Ya lo había adelantado la embajadora Leah Campos en su primera presentación pública en el país, el martes pasado.
La nueva lógica es estratégica: Washington cooperará con cualquier gobierno —independientemente de su orientación ideológica— que coincida en los temas clave para su seguridad: frenar migraciones, limitar la influencia china, combatir el narcotráfico y proteger cadenas de suministro esenciales. Para Santo Domingo, esto implica menos presión política por el lado de los derechos humanos, pero más compromisos concretos.
Finalmente, la Casa Blanca ordena identificar y asegurar recursos estratégicos del hemisferio: minerales, corredores energéticos, puertos y nodos logísticos. En esa cartografía, la posición dominicana, su red portuaria, su infraestructura turística y logística, y su proximidad a Puerto Rico adquieren nueva relevancia estratégica. La existencia de tierras raras en nuestra geografía añadirá mayor interés norteamericano.
En conjunto, la nueva estrategia estadounidense anuncia un hemisferio más vigilado, más competitivo y más condicionado por la rivalidad global entre potencias. Para la República Dominicana, el desafío será equilibrar las crecientes expectativas de Washington con la necesidad de preservar nuestra soberanía económica, apertura comercial y estabilidad fronteriza.
El tablero se ha estrechado. El país está —por geografía, historia y vecindad con Haití— en la primera línea del rediseño estratégico de una potencia que no siempre es solidaria con sus socios cercanos..
