La nueva ley entrará en vigor a partir del próximo martes en el Distrito Nacional y a partir del miércoles en el resto del país.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que el presidente de la República promulgó la mañana de este domingo 7 de diciembre la Ley 97-25, con la que se reforma el Código Procesal Penal en cumplimiento a la Sentencia TC 0765 24 que ordenó sustituir la Ley 10-15.
En una nota de prensa compartida por la Presidencia, Peralta Romero indicó que esta reforma apuesta por una normativa acorde con los principios democráticos y asume distintos criterios que el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia han venido creando en la materia.
Asimismo, el consultor destacó que la nueva ley moderniza el texto vigente hasta hoy, al fortalecer parte importante de los 28 principios del proceso penal. Igualmente consolida un modelo procesal más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de Derecho, señala la nota.
Peralta Romero explicó que el texto fue promulgado hoy y será publicado en la Gaceta Oficial en el día de mañana y de conformidad con la normativa en la materia, entrará en vigor a partir del próximo martes en el Distrito Nacional y a partir del miércoles en el resto del país.
Los cambios
El Gobierno destacó que la reforma al Código Procesal Penal introduce una ampliación de los mecanismos modernos de resolución de conflictos, como la justicia restaurativa, los criterios de oportunidad, los acuerdos, las conciliaciones, los procedimientos abreviados y la suspensión condicional del proceso, que ahora podrá aplicarse a hechos sancionados con hasta cinco años de prisión.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo señaló que la normativa fortalecida refuerza el derecho de defensa y las garantías procesales al elevar los principios fundamentales y actualizar los procedimientos.
Entre los cambios, destacó el fortalecimiento de la presunción de inocencia, la garantía de asistencia técnica para personas vulnerables y la incorporación del principio de favorabilidad procesal, que garantiza una aplicación más humana, señaló.
La reforma también dispone que los derechos del investigado se activen desde los primeros actos del proceso, como la citación o la inmovilización de fondos, y amplía el plazo para la presentación del escrito de defensa.
Además, otorga más oportunidades para solicitar contra peritajes y establece, por primera vez, un límite de dos años para los archivos provisionales. Antes no tenían límite, según destaca la nota de prensa.
En materia de coerción, la ley define reglas «más claras» sobre el arresto y las órdenes de comparecencia, e impone un control judicial más estricto en las revisiones obligatorias, las cuales deberán responder a criterios de necesidad, razonabilidad y estricta motivación para cualquier restricción de libertad.
Otro aspecto relevante, destaca Peralta Romero, es la incorporación del criterio de plazo razonable, que fija un máximo de cuatro años para los casos ordinarios y cinco para los complejos, con parámetros claros sobre su cómputo.
Asimismo, se garantiza un recurso de apelación más efectivo al eliminar la figura del «nuevo juicio» y facultar a las cortes para instruir el proceso conforme a las reglas del juicio, «asegurando un doble grado de jurisdicción real y funcional», advierte.
Según explicó Peralta Romero, el reformado Código Procesal Penal está orientado a mejorar la administración de justicia penal y modernizar profundamente el sistema, impulsando una transformación basada en la celeridad, la economía procesal, la especialización y el consenso entre las partes, con el objetivo de lograr una justicia más rápida, eficaz y centrada en la solución del conflicto.
Según dijo, el texto «presenta una necesaria armonización con el nuevo Código Penal, que se expresa en la adecuación a la nueva clasificación de infracciones».
En el proceso intervinieron el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y representantes de la comunidad jurídica.
Con estos cambios —que se suman a la Ley de Extinción de Dominio y a la reforma del Código Penal—, las autoridades aseguran que el país avanza hacia una justicia penal más moderna, humana y efectiva, alineada con los estándares constitucionales y los desafíos actuales del sistema.
