Acusa al Gobierno de favorecer sectores privados, desviar fondos y permitir contratos de proveedor único.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió este lunes acciones judiciales inmediatas ante lo que describe como «posibles irregularidades» en la compra, provisión y manejo de equipos e insumos hospitalarios durante la gestión del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La organización denunció vínculos de altos funcionarios del sector salud con intereses privados, desvío de recursos, impunidad en casos recientes y contratos de proveedor único que, aseguran, favorecen a grupos selectos dentro del ámbito sanitario.
El PLD advirtió que estas prácticas, especialmente en instituciones como Promese-Cal, afectan la competencia, encarecen insumos médicos y dejan al sistema público sin respuestas oportunas, en detrimento directo de los pacientes.
Señaló que la recurrencia de contratos otorgados sin competencia constituye una señal de «falta de transparencia y de posible manipulación del gasto público».
La organización política también alertó sobre versiones que vinculan a funcionarios del Servicio Nacional de Salud (SNS) con empresas privadas del sector, lo que —según plantean— podría explicar retrasos, fallas y la ausencia de controles adecuados en la instalación y mantenimiento de equipos hospitalarios.
Como ejemplo, citaron el Hospital Municipal de Yamasá, donde un quirófano equipado hace ocho meses permanece sin uso porque la empresa suplidora no ha realizado la inducción técnica del personal.
Otro punto crítico señalado por el partido fue la situación del Seguro Nacional de Salud (Senasa), al que calificaron como «el caso más alarmante» entre las irregularidades recientes.
Aunque no detallaron en el comunicado las informaciones específicas, el PLD dijo esperar que se abran acciones judiciales «sin vacas sagradas» y con total apego a la ley.
Sobre el funcionamiento general del sistema, el PLD denunció que el Gobierno ha presentado un discurso de avances que no se corresponde con los hechos. Afirmó que, pese a anunciarse presupuesto para atender a más de 8,200 pacientes con enfermedades catastróficas, solo 1,560 habrían recibido asistencia efectiva.
De igual forma, criticó la ejecución presupuestaria: 76% en el segundo trimestre y 56% en el tercero, porcentajes que —según el partido— muestran un deterioro que se traduce en muertes y falta de tratamiento oportuno.
Las denuncias incluyeron fallas graves en infraestructura y servicios esenciales. Señalaron que el Hospital de Especialidades de la Ciudad Sanitaria sigue sin operar completamente, mientras centros como el Instituto Nacional del Cáncer (Incart) enfrentaron un apagón de más de 36 horas que, según el PLD, habría provocado muertes, afectado el sistema interno y retrasado la entrega de medicamentos.
El partido también aseguró que algunos centros han retomado la práctica de reutilizar materiales desechables por falta de insumos de calidad, lo que calificó como un retroceso y una señal de falta de humanización en los servicios públicos de salud.
Ante este escenario, el PLD presentó cinco exigencias principales:
Transparencia total sobre los montos desviados, los contratos cuestionados y los responsables.
Justicia efectiva que impida impunidad entre los involucrados.
Explicar y establecer responsabilidades sobre el apagón del Incart y sus consecuencias.
Presentar un plan técnico para garantizar medicamentos de alto costo a los pacientes que los requieren.
Rendir cuentas sobre la reutilización de insumos desechables en centros públicos.
El PLD concluyó afirmando que cuando se malversan fondos en salud no se roba dinero, se roba vida», y demandó que este caso no se convierta en «otro capítulo de impunidad».
Reclamó una transformación del sistema sanitario y que «la salud deje de ser botín político».
