Santana insiste que sin personal civil formado, los centros penitenciarios seguirán siendo focos de corrupción.
El titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), Roberto Santana, afirmó este jueves que el bloqueo de la señal telefónica dentro de las cárceles del país «va mal».
El funcionario explicó que este tipo de fallas forma parte de las razones por las que se impulsa la reforma penitenciaria, cuyo propósito manifestó, es acabar con ese «cáncer» que permite que los crímenes y delitos se sigan coordinando desde los centros.
«Va mal, porque mientras no haya el personal adecuado entrarán como perro por su casa drogas, ilícitos y celulares, todo lo que tú quieras´´, dijo al ser abordado por la prensa tras el Segundo Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria celebrado en el Palacio Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader.
Entre los cambios estructurales necesarios destacó la sustitución del personal policial y militar en los nuevos recintos por custodios civiles formados por el Instituto Superior de Formación Penitenciaria, así como la reubicación de internos que permanecen en fortalezas y recintos policiales, donde «nunca debieron estar».
«No hacemos nada con nuevos centros si llevamos a los mismos policías y donde hay problemas, entonces estamos llevando los problemas de un lado a otro. Los policías a sus cuarteles, soldados a sus fortalezas, y personal civil a trabajar en los centros penitenciarios», enfatizó.
Nuevas cárceles
Actualmente, se construyen cuatro nuevos centros penitenciarios en Las Parras, Higüey, San Juan y Barahona, y se licitan otros diez como parte del proceso de reforma penitenciaria que busca reemplazar las cárceles bajo control de cuerpos castrenses.
«No estamos creando más cárceles, estamos sacando a los internos de los cuarteles y llevándolos a centros donde se respeten los derechos humanos, donde haya disciplina y oportunidades de rehabilitación», explicó.
El director informó que el presupuesto operativo de las nuevas instalaciones ronda los 600 millones de pesos, y que el aumento de recursos previsto para el próximo año permitirá contratar el personal necesario para su puesta en funcionamiento.
Santana señaló que 15 provincias cuentan con comités de apoyo ciudadano al sistema penitenciario, una estrategia que, según dijo, busca involucrar a la sociedad en la vigilancia y el seguimiento de la reforma.
«Estamos organizando a la sociedad para que apoye al Gobierno en lo bueno y lo vigile en lo que no cumpla. Si la ciudadanía se descuida, el dinero se irá a otro lugar. No se lo van a decir a Roberto, se lo van a decir a toda la sociedad que está observando», advirtió.
