El proyecto también incluye el dopaje obligatorio para choferes de transporte público.
Con la aprobación del proyecto de la reforma laboral en primera lectura en el Senado, los legisladores introdujeron un cambio en la iniciativa para que la propina legal obligatoria del 10 % que se paga en los establecimientos de comida también se pague si los alimentos son pedidos a través de aplicaciones de entrega a domicilio.
El Código de Trabajo vigente en el país, promulgado en el 1992, obliga a los restaurantes, bares y establecimientos de expendio de alimentos y bebidas a agregar un 10 % a las cuentas de los clientes que consuman en el local.
Sin embargo, la reforma amplía la disposición y establece que la propina obligatoria se deberá pagar «sin distinción del canal de venta utilizado».
El texto aprobado en primera lectura establece que la propina debe repartirse íntegramente entre los empleados del establecimiento —con excepción del personal administrativo— y contempla la posibilidad de acordar algunos criterios de distribución, tomando en cuenta el nivel de calificación y el nivel de contacto con el cliente.
Antidopaje en algunos oficios
Otra novedad incorporada en el proyecto es la obligación de someter a pruebas antidopaje periódicas a ciertos trabajadores que desempeñan funciones sensibles.
De acuerdo con la modificación del artículo 44 en el proyecto, quienes trabajen como choferes en transportes públicos, operación de maquinarias, áreas de seguridad o los que laboren en contacto con niños y personas enfermas, estarán obligados a someterse a pruebas de dopaje cada cierto tiempo.
En el código vigente, las obligaciones de los trabajadores se limitan a aspectos como puntualidad, buena conducta y cuidado de los equipos provistos por el empleador, sin contemplar ninguna prueba médica ligada al uso de narcóticos o estupefacientes.
Va a segunda lectura
La pieza legislativa, que en su conjunto modifica más de 40 artículos del Código de Trabajo, deberá pasar ahora a una segunda lectura en el Senado antes de ser enviada a la Cámara de Diputados.
De ser ratificado en ambas cámaras y promulgada por el Poder Ejecutivo, el Código de Trabajo vigente desde el 1992 tendría su primera reforma integral, que es parte de la lista de enmiendas impulsada por el presidente Luis Abinader y que incluyen la reforma constitucional, la fallida fiscal, la policial, entre otras.
