La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) celebró la promulgación de la Ley 47-25, de Contrataciones Públicas, por parte del Poder Ejecutivo, destacando su importancia para el fortalecimiento institucional y el impulso de un entorno de negocios más competitivo y transparente.
AMCHAMDR ha trabajado en la promoción de este proyecto desde el inicio de las discusiones, contribuyendo al diseño de un marco legal que incorpora principios clave como la sostenibilidad, inclusión, eficiencia y transparencia, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La nueva legislación busca mejorar la eficiencia en el uso de los fondos públicos y garantizar el acceso a los derechos fundamentales de la ciudadanía, mientras fomenta la competencia y la inversión nacional y extranjera.
La Ley de Contrataciones Públicas establece un régimen jurídico actualizado para la contratación pública, con el objetivo de asegurar que las contrataciones del Estado se lleven a cabo bajo criterios de imparcialidad y desarrollo económico local.
Entre los aspectos relevantes que incluye, se destaca la creación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, la profesionalización obligatoria de las unidades de contratación, y la inclusión de MIPYMES, mujeres y personas con discapacidad en los procesos contractuales.
Además, según lo aprobado se fortalecerán los controles internos y externos, destacando el papel de la Cámara de Cuentas y los mecanismos de fiscalización.
Con esta nueva Ley, el país da un paso importante y queda bien posicionado en materia de regulación de las contrataciones públicas.
No obstante, reconocemos que existen oportunidades de mejora en cuanto a la clarificación y desarrollo de conceptos como el valor por dinero, los acuerdos de entrada gestionada y las compras innovadoras, a través del reglamento de aplicación de esta ley.
En ese sentido, AMCHAMDR reitera su disposición a colaborar en la elaboración de dicho reglamento, poniendo a disposición su experiencia técnica y compromiso con la mejora continua del entorno regulatorio, reafirmando su apoyo a la modernización de la Ley de Contrataciones Públicas, una reforma fundamental para mejorar la credibilidad y certidumbre jurídica del sistema de contrataciones del Estado.
