El presidente Luis Abinader, promulgó este martes la Ley 45-25, mediante la cual se dispone la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en un nuevo ministerio denominado Ministerio de Hacienda y Economía.
Esta transformación institucional implica también la derogación de la Ley núm. 496-06, del 28 de diciembre de 2006, que creó la entonces Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.
La ley, aprobada de urgencia por la Cámara de Diputados en la sesión del 15 de julio de 2025, y previamente sancionada por el Senado de la República el 22 de mayo del presente año, tiene por objetivo asegurar una articulación más eficiente entre la política fiscal y el sistema nacional de planificación e inversión pública, en coherencia con los principios de eficiencia, sostenibilidad fiscal y buena administración pública.
Fortalecimiento institucional
La nueva legislación reorganiza las estructuras orgánicas de ambos ministerios para consolidarlas en una única entidad rectora en materia económica, financiera y de planificación. Entre los principales cambios que introduce se destacan:
• Supresión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), cuyas funciones sustantivas en materia económica, de planificación e inversión pública pasan al Ministerio de Hacienda y Economía.
• Transferencia de competencias al Ministerio de la Presidencia en áreas como cooperación internacional, y ordenamiento territorial.
• Reorganización de los viceministerios bajo una nueva estructura que comprende áreas como Tesoro y Patrimonio, Presupuesto y Contabilidad, Planificación e Inversión Pública, Política Fiscal, Crédito Público y Economía.
• Asimismo, la ley establece al nuevo ministerio como órgano rector del sistema nacional de planificación e inversión pública y del conjunto de políticas macroeconómicas y fiscales del país.
• De igual forma, la ley contempla disposiciones específicas para asegurar la continuidad de los servicios públicos, garantizar la transición ordenada del personal y definir los plazos para la adecuación normativa, presupuestaria y administrativa.
Esta reforma responde a las directrices de la Estrategia Nacional de Desarrollo y al Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, con miras a dotar al Estado dominicano de estructuras más racionales, eficaces y orientadas a resultados.
