POR MARK SHERMAN
WASHINGTON (AP) — El gobierno de El Salvador ha reconocido ante investigadores de las Naciones Unidas que la administración Trump mantiene el control sobre los hombres venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos a una notoria prisión salvadoreña, contradiciendo las declaraciones públicas de funcionarios de ambos países.
La revelación se incluyó en documentos judiciales presentados el lunes por abogados de más de 100 migrantes que buscan impugnar sus deportaciones a la mega prisión de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El caso es uno de varios que desafían las estrictas políticas migratorias del presidente Donald Trump.
“En este contexto, la jurisdicción y la responsabilidad legal sobre dichas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes”, escribieron funcionarios salvadoreños en respuesta a consultas de un grupo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El grupo de la ONU está investigando el destino de los hombres que fueron enviados a El Salvador desde Estados Unidos a mediados de marzo, incluso después de que un juez estadounidense ordenó que los aviones que los transportaban se regresaran.
La administración Trump ha argumentado que no tiene poder para devolver a los hombres, señalando que están fuera del alcance de los tribunales estadounidenses y ya no tienen acceso a derechos de debido proceso u otras garantías constitucionales de Estados Unidos.
Pero los abogados de los migrantes dijeron que el informe de la ONU muestra lo contrario.
“El Salvador ha confirmado lo que nosotros y todos los demás entendíamos: es Estados Unidos quien controla lo que sucede con los venezolanos que languidecen en el CECOT. Sorprendentemente, el gobierno de Estados Unidos no proporcionó esta información a nosotros ni al tribunal”, señaló Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en un correo electrónico.
Skye Perryman, directora ejecutiva y presidenta de Democracy Forward, dijo que los documentos muestran “que la administración no ha sido honesta con el tribunal ni con el pueblo estadounidense”. La ACLU y Democracy Forward están representando a los migrantes.
Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Los funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
En marzo, la administración acordó pagar 6 millones de dólares para que El Salvador albergara a 300 migrantes. El acuerdo provocó una controversia inmediata cuando Trump invocó una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros, para expulsar de país rápidamente a hombres que el gobierno acusa de ser miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.
En un caso relacionado, la administración envió por error a Kilmar Ábrego García a la misma prisión, a pesar de la orden de un juez que prohibía que el salvadoreño que radicaba en Maryland fuera enviado a El Salvador.
En un inicio, la administración resistió las órdenes judiciales para traerlo de vuelta a Estados Unidos, diciendo que ya no estaba bajo custodia estadounidense.
Finalmente, Ábrego García fue devuelto a Estados Unidos, donde ahora enfrenta cargos de tráfico de personas mientras continúan las batallas legales.
El mes pasado, una coalición de grupos defensores de los inmigrantes demandó para invalidar el acuerdo carcelario con El Salvador, argumentando que el arreglo para dejar a los detenidos migrantes fuera del alcance de los tribunales estadounidenses viola la Constitución.
