POR EVENS SANON and DÁNICA COTO
PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Ningún sospechoso encarcelado en Haití ha enfrentado juicio tras ser acusado del asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien fue abatido a tiros en su casa en la capital del país hace casi cuatro años.
La violencia de las pandillas, las amenazas de muerte y un sistema judicial en ruinas han frenado una investigación en curso definida por arrebatos y tensas discusiones entre sospechosos y jueces.
“Fallaste en tu misión. Y no te avergüenzas de declararte inocente”, dijo con voz atronadora el juez Claude Jean mientras se levantaba y enfrentaba a un policía haitiano responsable de proteger al presidente, quien recibió 12 disparos en Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021.
Jean es uno de los seis jueces haitianos que investigan si hay suficiente evidencia para justificar un juicio para los 20 sospechosos detenidos en el convulso país caribeño.
Las autoridades dijeron que algunos de los sospechosos imaginaban un golpe de Estado, no un asesinato, que llevaría a contratos lucrativos bajo un nuevo gobierno.
Los sospechosos son 17 exsoldados colombianos y tres funcionarios haitianos: un exalcalde, un expolicía y un exempleado del Ministerio haitiano de Justicia que trabajaba en una unidad anticorrupción.
Faltan varios sospechosos haitianos clave que escaparon el año pasado después de que una poderosa federación de pandillas asaltara las dos prisiones más grandes de Haití, incluido Dimitri Hérard, exjefe de seguridad del Palacio Nacional de Haití.
Otros tres sospechosos, todos colombianos, fueron asesinados horas después de la muerte de Moïse, mientras que un sospechoso clave en el caso, el juez de la Corte Superior de Haití Windelle Coq Thélot, murió en enero mientras aún estaba prófugo.
Tribunal bajo asedio
La investigación se detuvo repetidamente por la renuncia de jueces que temían por sus vidas. Los abogados defensores luego apelaron después de que el tribunal dictaminara que había suficiente evidencia para el juicio.
Jean y otros cinco jueces ahora tienen la tarea de reiniciar la investigación. Pero determinar la complicidad entre 51 sospechosos es sólo uno de los numerosos desafíos.
El año pasado, poderosas pandillas tomaron el control del tribunal del centro de Puerto Príncipe donde los jueces interrogaban a los sospechosos.
Las audiencias se suspendieron hasta que el gobierno alquiló una casa en Pacot, un vecindario que alguna vez se consideró lo suficientemente seguro para la embajada francesa.
Pero las pandillas que controlan el 85% de la capital de Haití atacaron recientemente y obligaron al gobierno a mudarse nuevamente.
Las audiencias se reiniciaron en mayo, esta vez en una casa privada en Pétion-Ville, una comunidad que intenta defenderse de las pandillas que buscan el control total de Puerto Príncipe.
“No podíamos hacer nada”
Mientras un ventilador giraba perezosamente en el fondo, el juez Phemond Damicy interrogó a Ronald Guerrier a finales de mayo.
Uno de los varios agentes de policía encargados de proteger al presidente, Guerrier insistió en que nunca entró en la casa de Moïse y no pudo luchar contra los intrusos porque estaba aturdido por una granada aturdidora.
“Los atacantes estaban vestidos completamente de negro. Llevaban pasamontañas y nos cegaron con sus linternas. No pude identificar a nadie”, testificó Guerrier, agregando que usaron un megáfono para afirmar que eran agentes de la agencia antidroga de EEUU (DEA; por sus siglas en inglés).
“Los atacantes operaron como si estuvieran entrando en su propia casa. Parecía que conocían el lugar perfectamente”.
Damicy preguntó si dispararon a los drones que Guerrier dijo que zumbaban sobre la casa del presidente.
“Los atacantes cubrieron toda el área con su fuego”, respondió Guerrier. “No podíamos hacer nada”.
Damicy se mostró exasperado. “Bajo ninguna circunstancia un enemigo debería cruzar por delante de usted con impunidad para cometer su crimen”, dijo. “En su lugar, yo dispararía al enemigo. Incluso moriría, si fuera necesario”.
“No sé»
Dentro de la sede de la investigación, fuertemente custodiada en una comunidad residencial arbolada, los gritos han dominado los interrogatorios tensos.
Un juez se levantó y tronó una pregunta sobre un arma: “El día de la muerte del presidente Jovenel Moïse, ¿estaba usted en posesión de un Galil?”,
En otro arrebato en marzo, un juez presionó repetidamente a Joseph Badio, el exfuncionario del Ministerio de Justicia que pasó dos años prófugo, sobre su llamada al ex primer ministro Ariel Henry después del asesinato. En ese momento, Henry solo había sido nominado como primer ministro por Moïse.
“Puede decir lo que quiera con su boca”, dijo Badio al juez, quien le ordenó sentarse mientras se levantaba al hablar. “No está prohibido que me comunique con quien quiera”.
La tensión se ha trasladado a los interrogatorios de los sospechosos colombianos, quienes sostienen que fueron contratados por una empresa de seguridad con sede en Miami para prestar seguridad en plantas de energía y tratamiento de agua y a funcionarios diplomáticos, así como para entrenar a la policía y soldados haitianos.
Los colombianos han negado su participación, mientras que su abogada, Nathalie Delisca, dijo que no ha habido presunción de inocencia durante los interrogatorios.
“El trato infligido a los detenidos fue inhumano”, dijo, alegando maltrato por parte de las autoridades después de su arresto.
Los exsoldados dijeron que fueron golpeados, amenazados de muerte, obligados a firmar documentos en un idioma que no entienden y se les prohibió comunicarse con sus abogados y familias durante largos períodos.
“He sido objeto de tratos denigrantes. Fui sometido a torturas físicas, psicológicas”, dijo Jheyner Alberto Carmona Flores durante una audiencia reciente.
Habló en español con voz clara y fuerte, a veces corrigiendo a un intérprete que traducía su testimonio al francés.
“No tengo ninguna participación porque no sé cuándo ni dónde asesinaron al presidente”, dijo Carmona Flores, afirmando que fue convocado para proporcionar seguridad en el perímetro de la casa de Moïse y no sabía que el presidente había sido herido de muerte.
Trabajando bajo amenaza
Mientras el caso en Haití se ha estancado, Estados Unidos ha acusado a 11 sospechosos extraditados, con cinco ya declarados culpables de conspirar para matar a Moïse.
Otros cinco sospechosos están esperando juicio, que ahora está programado para marzo de 2026.
Entre ellos están Anthony “Tony” Intriago, propietario de CTU Security con sede en Miami, y los haitiano-estadounidenses James Solages, un sospechoso clave, y Christian Emmanuel Sanon, un pastor, médico y empresario fracasado que se imaginaba a sí mismo como el nuevo líder de Haití.
Se espera que la viuda de Moïse, Martine Moïse, testifique en el caso de Estados Unidos. Ella resultó herida en el ataque y fue acusada por un juez haitiano de complicidad y asociación criminal, algo que sus abogados niegan.
Los documentos judiciales dicen que el plan era detener a Jovenel Moïse y llevárselo, pero cambió después de que los sospechosos no lograron encontrar un avión o armas suficientes.
El día anterior a que Moïse muriera, Solages dijo falsamente a otros sospechosos que era una operación de la CIA y que la misión era matar al presidente, alegan los documentos.
Bruner Ulysse, abogado y profesor de historia en Haití, lamentó cómo la investigación local ha destacado lo que llamó “desafíos profundos” en el sistema judicial de Haití.
“Si bien los esfuerzos internacionales han dado algunos resultados, la búsqueda de justicia en Haití sigue siendo esquiva”, dijo Ulysse. “Jueces, fiscales y abogados operan bajo amenaza constante”.
