Los hermanos están siendo imputados de homicidio involuntario por la tragedia en la discoteca Jet Set.
Fue aplazada para el miércoles 18 de junio, a las 11 de la mañana, la audiencia para conocerse la solicitud de medidas de coerción en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, a quienes el Ministerio Público imputa de homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias, tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, de la que ambos son propietarios.
Por el trágico suceso, ocurrido el pasado 8 de abril, fallecieron 236 personas y resultaron heridas más de 180.
Para Antonio, el Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión preventiva, y para Maribel prisión domiciliaria. Ella, además de imputada, resultó lesionada en el suceso, pues una herida profunda en la cabeza le dejó 12 puntos de sutura y parte de su oreja se desprendió por el impacto y fue restaurada por los cirujanos.
La audiencia fue pospuesta para que los abogados de los imputados estudien la solicitud de medidas de coerción y puedan preparar la defensa.
El Ministerio Público asegura que los imputados alteraron de manera significativa la estructura de la discoteca sin supervisión técnica. Los fiscales han indicado que la discoteca, originalmente un cine, «sufrió un cambio de uso que implicó una adaptación estructural inadecuada”.
“Posteriormente, se eliminó una columna clave en la estructura, afectando significativamente la estabilidad del techo, sin ninguna evaluación profesional o permiso que respaldara dicha modificación, evidenciando una conducta de alto riesgo”, señalan.
Además, argumenta que los responsables del Jet Set «cargaron el techo de la discoteca de manera excesiva y progresiva, con múltiples elementos de gran peso».
El Ministerio Público ha planteado que recabó «evidencias contundentes» que demuestran que la tragedia del 8 de abril era totalmente evitable «si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y si hubiesen valorado la vida por encima del dinero”.
Además, que «los imputados intimidaron a testigos del proceso con el objetivo de evitar que aportaran pruebas del proceso que comprometen su responsabilidad penal”.
Al salir de la audiencia, Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, reiteró que la responsabilidad de los imputados está sustentada en más de 130 medios de prueba.
«Este caso dejó 235 personas fallecidas, más de 180 personas heridas y más de 130 niños huérfanos, niños que posiblemente, antes del 8 de abril, tenían su vida asegurada y ahora tienen un futuro incierto», dijo.
