El Ministerio Público reafirmó ayer lunes la solidez del expediente acusatorio contra el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y otros oficiales militares y policiales, al incorporar más de 300 pruebas documentales y periciales durante la audiencia que se celebra en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Las pruebas sustentan el informe financiero elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que expone un aumento patrimonial injustificado de los imputados, presuntamente producto de actos de corrupción cometidos durante su ejercicio en funciones públicas.
El informe ya fue admitido por el tribunal y detalla cómo los acusados acumularon bienes que no pueden justificar con sus ingresos legales.
Entre los documentos incorporados figuran certificaciones de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la Superintendencia de Bancos y otras entidades del sistema financiero nacional.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó como testigo a la exencargada del Departamento de Auditoría del Inacif, quien explicó que dichas pruebas fueron utilizadas como base técnica para la elaboración del informe pericial, validando así su contenido y alcance probatorio.
El fiscal Jonathan Pérez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), destacó que las evidencias documentales refuerzan el expediente acusatorio al demostrar un incremento patrimonial desproporcionado en los acusados.
“Cada prueba evidencia cómo los procesados aumentaron su patrimonio sin respaldo en sus ingresos lícitos”, puntualizó.
El juicio, correspondiente a las operaciones Coral y Coral 5G, fue aplazado para el próximo jueves 5 de junio, a las 9:00 de la mañana, cuando continuará la presentación de pruebas ante las juezas Gisselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes.
El caso Coral y Coral 5G
La red de corrupción administrativa fue desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G, en las que el Ministerio Público estima que fueron desviados más de 4,500 millones de pesos del erario público.
Según la acusación, la red operó entre 2012 y 2020 y estaba encabezada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), quien presuntamente lideraba una estructura integrada por 30 personas físicas y 18 entidades jurídicas.
La investigación también reveló el desvío de fondos de inteligencia asignados al CUSEP y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
Entre los acusados figuran los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou (FARD); el coronel Rafael Núñez de Aza; el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez; el sargento Alejandro José Montero Cruz; Rossy Guzmán Sánchez, conocida como «La Pastora», y su hijo, el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán.
También están procesados José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
El proceso judicial continúa con la expectativa de que el Ministerio Público amplíe la presentación de pruebas y testimonios que sustenten su acusación sobre uno de los casos más emblemáticos de corrupción en la administración pública dominicana.
