La Fundación Periodismo en Reflexión (Funper) sugirió que sea retirado el proyecto de modificación de la Ley 6132, de expresión y difusión del pensamiento, tras advertir que la pieza viola la Constitución de la República y representa una amenaza para uno de los derechos fundamentales de las personas, como lo es la libre expresión del pensamiento.
Explica que la libertad de expresarse tiene sus límites propios en la Constitución y que el castigo a los excesos cometidos en el ejercicio de ese derecho, están previstos en el Código Penal, lo que hace innecesario la aprobación de otras leyes para regular la citada materia.
Señala que, tras agotar un proceso de consultas que abarcó a periodistas y abogados, entre los que destacó a Rafael Díaz Filpo- Miguel Varona y al ex presidente del CDP Oscar López Reyes, además de analizar los argumentos de ex funcionarios judiciales, instituciones y juristas, ve conveniente retirar el proyecto y que se trabaje en una nueva propuesta de mayor consenso.
Recuerda que la libertad de expresión está protegida por el Artículo 49 de la Constitución, “que representa su base legal y que garantiza la libertad de expresión e información en el país, al tiempo que estatuye los límites para la garantía y el respeto de otros derechos y el orden público”.
“Es muy importante destacar que el citado artículo establece en su único párrafo, que el ejercicio de esas libertades debe realizarse respetando otros derechos y principios; de ahí que disponga que el disfrute de estas se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público», subraya.
En esa dirección, la Funper afirma que el proyecto en discusión se aparta de la Constitución, resulta innecesario por existir en el pais leyes suficientes para tratar la difamación y la injuria, además de que encarna “una amenaza real para la libertad de expresión por representar un preocupante retroceso en materia de derechos fundamentales”.
Advierte de los riesgos de permitirse una estructura administrativa que, al margen de la Constitución y las leyes, tenga poder para suspender transmisiones, sancionar medios y eliminar contenidos, como se plantea “vulnera el artículo 40, numeral 15, de la Constitución, que garantiza el debido proceso y prohíbe las sanciones administrativas que afecten derechos fundamentales sin la intervención previa de un juez competente”.
Señala que la pieza también entra en conflicto con el artículo 69, sobre tutela judicial efectiva, “que establece que ninguna persona puede ser juzgada ni sancionada por órganos ajenos al Poder Judicial”, además de que “no es suficiente proclamar derechos en un texto legal cuando la verdadera garantía de la libertad de expresión radica en evitar cualquier mecanismo que permita sancionar de forma desproporcionada o arbitraria”.
La Fundación Periodismo en Reflexión, Inc. afirma que, por su desconexión con la justicia penal, de ser aprobado el proyecto en referencia, “aseará el delito de prensa, protagonizará la irresponsabilidad profesional e incrementará la anarquía difamatoria, así como la inmunidad periodística”.
Aboga por que haya una verdadera consecuencia y recuerda que con frecuencia legisladores discuten y aprueban proyectos comunicativos parciales y sin bases lógicas ni racionales, “por lo que desde hace un tiempo hemos insistido en la pertinencia de la preparación de un Código Legislativo de la Comunicación, que sería la compilación de legislaciones que la regulan, con sus explicaciones y definiciones jurídico-comunicacionales, así como sus definiciones, el alcance de sus reglas, los signos y convenciones”.
Sostiene que en el proyecto depositado en el Congreso Nacional se ofrece un tratamiento confuso respecto al ejercicio del periodismo, la libertad de prensa y el derecho a la expresión del pensamiento.
“Se dispensa un trato igual al periodista profesional en relación a un simple ciudadano que, por vía de cualquier medio a su alcance y de manera espontánea, difunde un tipo de información que no agota el riguroso procedimiento que debe pasar el contenido preparado por el periodista”, indica.
Advierte que ese manejo es marcadamente interesado e inadmisible por lo que debe ser rechazado por quienes ejercen el periodismo, fundamentalmente por los de formación académica y los que han aquilato experiencia a través de décadas de ejercicio.
“Se pasa por debajo de la mesa una de las objeciones principales con la que sectores interesados combatieron la Ley 148 de colegiación periodística. En aquella oportunidad y aprovechando sus medios informativos, impusieron como verdad la farsa de que la regulación del periodismo, atenta contra el derecho a la libre expresión del pensamiento. Esa postura tiene presencia en el proyecto de marras”, advierte n la entidad”, indica.
Al respecto, la Fundación Periodismo en Reflexión, afirma que, si bien la prensa y el ejercicio del periodismo son medios de expresión del pensamiento, “no es preciso confundir periodismo profesional con libertad de expresión”.
