A más de setenta días de haberse notificado la sentencia definitiva núm. 0030-03-2025-SSEN-00015, emitida por el Tribunal Superior Administrativo, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), encabezada por la alcaldesa Rosa Carolina Mejía Gómez, continúa en desacato al mandato judicial que ordena la restitución de 619 espacios publicitarios a la empresa Impacto Urbano, pionera en la publicidad exterior mediante vallas lumínicas en la República Dominicana.
Impacto Urbano, con operaciones desde 1999, fue víctima en 2007 de una remoción arbitraria de sus estructuras por parte del ADN, provocando graves daños económicos y morales, lo cual impulsó la interposición de diversas acciones judiciales ante los tribunales dominicanos que dieron como resultado aproximadamente una docena de sentencias favorables a la empresa.
En tal sentido, en aras de alcanzar una solución amistosa, el ADN e Impacto Urbano suscribieron, en fecha 30 de abril de 2014, un “Contrato Transaccional Definitivo y Convenio de Ejecución de Contrato de Publicidad Exterior”, identificado como Contrato No. AE-0030-14 y sus adendas.
En dicho documento el ADN reconoce los derechos en favor de Impacto Urbano y, en consecuencia, se obliga a reinstalar las 619 vallas publicitarias arbitrariamente retiradas, en el mismo lugar donde se encontraban originalmente, conviniendo la firma de un Contrato de Publicidad Exterior en favor de Impacto Urbano, con duración de 10 años prorrogables por el mismo período y contados a partir de la entrega de los 619 espacios publicitarios que le corresponden a la empresa y obligándose al pago de una indemnización en favor de Impacto Urbano, como consecuencia de los procesos judiciales iniciados tras la remoción de las referidas vallas y las sentencias condenatorias dictadas en ocasión de estos.
Esta situación ha provocado que, desde el año 2016, Impacto Urbano interpusiera diversas acciones judiciales ante los tribunales de la República Dominicana, las cuales culminaron con la emisión de la Sentencia núm. 0030-03-2025-SSEN-00015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo en fecha 30 de enero de 2025, la cual ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, y en la que el TSA, reconociendo los derechos de Impacto Urbano, en su parte dispositiva establece, entre otras cosas, lo siguiente:
“SEGUNDO. ACOGE el referido recurso, en consecuencia, ORDENAR al AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, como institución pública la ejecución del contrato núm. AE-0030-14 denominado como: Contrato transaccional definitivo y convenio de ejecución de contrato de publicidad exterior de fecha 30 de abril del 2014, ratificado mediante la resolución núm. 25/2014 de fecha 2 de mayo del 2014, en consecuencia: 1. ORDENA: Al Concejo Municipal del ADN la ratificación del Convenio de Publicidad Exterior y de reinstalar las seiscientas diecinueve (619) vallas publicitarias en el lugar en que originalmente se encontraban dentro del Distrito Nacional, obligación prevista en el Contrato Transaccional; 2. ORDENA: al actual alcalde del ADN, en este momento la Sra. Rosa Carolina Mejía Gómez, a realizar todas las diligencias necesarias para lograr la ratificación por parte del Concejo Municipal, conforme a lo ordenado previamente.”
De igual forma, otorga un plazo de 60 días calendarios a favor del ADN para su fiel cumplimiento, contados a partir de la notificación de la sentencia, plazo que, a la fecha, ya se encuentra vencido; impone una astreinte de RD$5,000.00 pesos por cada día de retraso en incumplimiento de la sentencia y condena al ADN en daños y perjuicios a favor de Impacto Urbano, ordenando la liquidación de la indemnización relativa a dichos daños.
A pesar de dicho plazo establecido en la sentencia, el ADN no ha dado cumplimiento.
La negativa persistente de la alcaldesa Mejía representa una grave afrenta al Estado de derecho, prolongando innecesariamente un conflicto que ya suma casi dos décadas en los tribunales y que afecta los derechos adquiridos de Impacto Urbano, lo que mantiene a la alcaldesa Carolina Mejía en incumplimiento del mandato judicial irrevocable ordenado por el Tribunal Superior Administrativo, comprometiendo su responsabilidad civil y penal, actuando también en detrimento del erario público y del bienestar general de los munícipes.
