Caracas,(EFE).- Familiares de «presas políticas» en Venezuela están «desesperados» luego de que trasladaran a 29 mujeres desde el estado Anzoátegui (este) hasta un centro penitenciario en Miranda (norte, cercano a Caracas), aseguró este martes el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido liderado por la opositora María Corina Machado.
Indicó que este grupo de «presas políticas» fueron detenidas tras las elecciones presidenciales del pasado julio, cuando se desató una crisis marcada por protestas y operativos policiales, luego de que el mandatario Nicolás Maduro fuera declarado ganador por el ente electoral nacional y la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- denunciara fraude.
«Familiares están desesperados. No solo es la situación de reclusión sino que, además, estas mujeres estarán a cientos de kilómetros de distancia», dijo el comité en la red social X.
Además, acusó al Gobierno de Maduro de generar «dolor y sufrimiento en las familias», por lo que exigió el cese de «tanta injusticia» y la liberación de «todos los presos políticos».
Según precisó en X la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, el grupo estaba recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una localidad de Anzoátegui, y fue trasladado al Centro de Formación Femenina La Crisálida, en Los Teques, capital de Miranda.
Por otra parte, el partido opositor Voluntad Popular (VP) denunció que una «presa política» en el estado Lara (oeste) y paciente oncológico fue trasladada este martes a un «recinto carcelario con más limitaciones para recibir las atenciones médicas que requiere».
«La vida de Yenni Barrios está en serio peligro en esta cárcel y la responsabilidad es única y exclusivamente del régimen de Nicolás Maduro. Exigimos que sea liberada inmediatamente para que reciba la atención médica necesaria. ¡Basta de injusticia!», expresó VP en X.
El pasado domingo, familiares y amigos llevaron a cabo una vigilia en Caracas para exigir la liberación de esas personas, así como el «cese de la represión» que -denunciaron- se exacerbó tras las presidenciales.
Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los «presos políticos» en la nación, 1.903 personas siguen encarceladas por disentir del Gobierno, la mayoría de ellas detenidas después de los comicios.
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reprendió el lunes a Venezuela por la falta de «implementación concreta de leyes y prácticas» para proteger los derechos de los civiles, y advirtió de que las investigaciones de su oficina «siguen en curso y están activas», un discurso que el Gobierno de Maduro rechazó este martes.
Agencia EFE
