El Ministerio Público arrestó hoy a nueve miembros de la Policía Nacional y una civil a quienes les imputa componer una red criminal integrada por agentes de la institución, encabezada por el coronel que dirigía la Intendencia de Armas.
Atribuye a dicha red el sustraer más de 900,000 proyectiles.
La investigación, que condujo a lo que denomina como operación Pandora, se inició en octubre pasado, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía, y el director general de la Policía Nacional.
En una nota de prensa, el Ministerio Público informó que, durante la operación, se arrestó a las siguientes personas, a quienes se les pedirán medidas de coerción:
Coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de las armas y municiones.
Juan Miguel Pérez Soler, subintendente.
Capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos.
Capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones.
Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat.
Cabo Juan Luis Díaz Medina.
Raso Rubiel Martínez (alias Escobar).
Raso Moreibin Medina Pérez.
Miguelina Bello Segura, civil.
El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, «acción que fue rápidamente detectada por los investigadores».
«En las últimas semanas, los fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público han trabajado extensamente para llevar a cabo esta operación, que tiene una auditoría de la Policía Nacional que evidenció violaciones no solo de carácter disciplinario, sino también de naturaleza penal», señaló el Ministerio Público.
En la ejecución de la operación Pandora participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), y más de 40 fiscales, quienes llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
