La Paz (EFE).- El Gobierno de Bolivia pidió este martes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se pronuncie antes del próximo sábado sobre la legalidad de las preguntas del referendo, a fin de que la consulta se haga el 1 de diciembre, día en que también se realizarán las elecciones judiciales.
«Si el Tribunal Constitucional no se pronuncia hasta antes del sábado, el referéndum no va a poder llevarse adelante», afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.
Lima señaló que esta jornada el Ejecutivo boliviano envió al TCP las tres preguntas con los ajustes que solicitó el organismo electoral, por lo que está en manos de esa instancia dar vía a la consulta propuesta por el mandatario Luis Arce, aunque estás aún no han sido socializadas.
«Pedirle al Tribunal (Constitucional) que se pueda cumplir antes del día sábado porque si nos responden el día lunes ya no vamos a poder emitir el decreto y no llevaremos adelante el referéndum en la fecha que hemos propuesto, remarcó.
Por ley, el Constitucional tiene hasta 15 días para pronunciarse, pero esto se contrapone con la convocatoria de la consulta que debe efectuarse 90 días antes de la fecha establecida, que en este caso tiene como fecha límite el próximo 31 de agosto.
La semana pasada, Luis Arce envió al organismo electoral cuatro preguntas del referendo previsto para el 1 de diciembre sobre el carácter de la reelección presidencial (1), la subvención de la gasolina (2), subvención del diésel (3) y la distribución de escaños en la Cámara de Diputados (4).
La autoridad electoral desestimó la pregunta 4 y pidió que el Ejecutivo ajuste las consultas 1, 2 y 3 de manera que se apliquen los criterios de «claridad, precisión e imparcialidad».
El Ejecutivo se comprometió a hacer la corrección de las tres preguntas y en la víspera envió la redacción por la vía digital, mientras que esta jornada lo hizo mediante un memorial.
Sin embargo, el Gobierno no ha revelado las correcciones ni la redacción final de las preguntas del referendo.
De manera general, se sabe que la primera consulta trata sobre el límite de la reelección continua o discontinua del presidente y vicepresidente, un asunto en el que Arce ha tenido diferencias con el líder del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el expresidente, Evo Morales (2006-2019).
Las preguntas 2 y 3 se refieren al futuro de la subvención a la gasolina y al diésel, respectivamente, por lo que se pone a consideración de la gente si está de acuerdo en mantener el subsidio a ambos combustibles por los efectos negativos en la economía del país.
Bolivia mantiene estable el precio del combustible hace 19 años, el litro de gasolina especial se vende a 3,74 bolivianos y el de diésel a 3,72 bolivianos (unos 0,53 dólares en cada caso), gracias a un subsidio que alcanza este año los 1.400 millones de dólares.
El procedimiento establece que si el Constitucional se pronuncia antes del sábado sobre la validez y legalidad de las consultas, el Gobierno podrá dictar un decreto que da vía a que la autoridad electoral administre ese proceso.
Agencia EFE
