El Tribunal Superior Administrativo (TSA) falló nuevamente a favor de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que anuló la concesión por 25 años del Teatro Agua y Luz a una empresa del hijo de Miguel Vargas Maldonado, que recurrió a la justicia para invalidar la resolución de la institución pública.

Esta vez el fallo corresponde a la Primera Sala del TSA que decidió el recurso contencioso interpuesto por la empresa Consultoría Astur, S.A. en contra de la resolución RIC-96-2020 emitida por la DGCP.

«La sentencia 0030-02-2024-SSEN-00604 confirma en todas sus partes la referida resolución emitida por el órgano rector en diciembre del 2020 por considerar que la decisión estuvo precedida de las garantías procesales que comportan el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva y, por ende, cumplió con el debido procedimiento administrativo», informa una comunicación de prensa de la DGCP.

Sostuvo que, de igual manera, el TSA confirmó la potestad de la DGCP de revocar los actos que afecten la transparencia y la legalidad, la cual se enmarca dentro de las funciones administrativas de control de legalidad que le ha sido otorgado por la Ley núm. 340-06, de Contrataciones Públicas.

La decisión administrativa de declarar la ilegalidad del procedimiento de licitación pública nacional Núm. CFIH-CCC-LPN-2015-001 llevado a cabo por la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (Corphotels) para el arrendamiento del Teatro Agua y Luz y consecuentemente su nulidad, se debió a la identificación de varias inobservancias que fueron ratificadas en dos ocasiones por el TSA.

Mediante una nota de prensa, la DGCP reiteró su firme compromiso con la defensa estricta de los procedimientos de contratación pública y garantizó la transparencia y la legalidad en cada etapa de los procesos, preservando así la integridad del sistema y asegurando que los recursos del Estado sean utilizados de manera eficiente y transparente.

«Como resultado de nuestro compromiso se devolverá el Teatro Agua y Luz al patrimonio del Estado dominicano de donde nunca debió salir», afirmó el director general de la DGCP, Carlos Pimentel.