El Gabinete Agroalimentario del partido Fuerza del Pueblo, calificó este martes como una burla, entretenimiento, engaño, chantaje y demagogia política, a los quebrados productores nacionales y al pueblo consumidor, los decretos 663-23 y 62-24, emitidos por el presidente Luis Abinader, en un lapso de 30 días.
Al mismo tiempo, el organismo agropecuaria de la FP sostuvo que la quiebra del aparato productivo agropecuario nacional, del incremento desproporcionado de los precios de los alimentos y la disminución del poder adquisitivo de la población dominicana, son de la exclusiva responsabilidad de Abinader.
Héctor Acosta, vicesecretario de asuntos agropecuarios de la FP, hablando a nombre del Gabinete Agroalimentario de esa organización política, acusó al presidente-reeleccionista de quebrar a la mayoría de los productores agropecuarios, principalmente a los pequeños y medianos productores.
Sostuvo que en su obsesión reeleccionista que raya el nerviosismo y la desesperación en función del cambio que está ocurriendo en el panorama electoral del país, reflejado en las últimas encuestas y en las manifestaciones públicas de la población, resulta muy llamativo que Abinader haya emitido esos decretos, en un lapso de prácticamente un mes.
Dijo que Abinader, en sus políticas públicas, ha preferido las importaciones agropecuarias en lugar de apoyar la producción nacional, incluyendo rubros en los que el país es autosuficiente, “y en los que no lo somos, haciéndolo en momentos que coincide con la época de la cosecha nacional de esos cultivos”.
En ese sentido, el Gabinete Agroalimentario de la FP, compuesto por las secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Asuntos Agropecuarios y de Recursos Hídricos, resaltaron que las importaciones agropecuarias se incrementaron, desde 3 mil 109 millones de dólares, en 2019, a más de 6 mil millones, en 2023.
Acosta declaró, que esos incrementos se deben a que este gobierno, prácticamente eliminó los servicios de extensión, asistencia técnica y de vigilancia fitozoosanitaria y control en puertos, aeropuertos y frontera con la cancelación de más de 1,000 profesionales y técnicos, así como “a la falta de planificación de la producción y de coordinación con las asociaciones y federaciones de productores, el incumplimiento de la mayoría de las promesas ofrecidas al sector agropecuario”.
