La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional Ana Lee Florimón fijó para el día 9 de febrero, a las 9:00 de la mañana, la emisión del fallo a la solicitud de prórroga del Ministerio Público para depositar el expediente acusatorio contra los imputados en la Operación Calamar.

La magistrada conoció este lunes el pedimento de extensión de plazo de cuatro meses hecho por el órgano persecutor.

En ese sentido, la procuradora fiscal Rosa Alba García declaró que ha solicitado la extensión del plazo debido a la complejidad del caso.

«Hemos solicitado auditoría especial a la Cámara de Cuentas y a otras naciones, por lo que, el Ministerio Público, en espera de que se nos entreguen esas informaciones, hemos justificado la necesidad de una prórroga», acotó García.

En el expediente Calamar el Ministerio Público imputa a los exministros José Ramón Peralta (Administrativo 2012-2020), Donald Guerrero (Hacienda 2016-2020) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas 2012-2020).

En total, en el expediente de Operación Calamar se acusa a 20 personas de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.

Figura el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Abogados de Peralta

El equipo legal del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, advirtió al Ministerio Público que incurrirá nuevamente en una violación de la Constitución de la República si pretendiera incluir hechos nuevos que no han figurado hasta el momento en el expediente.

Pedro Balbuena, quien fungió de vocero, explicó que la investigación solo puede referirse a los hechos señalados en la medida de coerción, de conformidad con los principios de congruencia jurídica.

«La pretensión del Ministerio Público consiste en adicionar hechos nuevos, que no están en el expediente y es inconstitucional hacerlo, porque la investigación solo puede referirse a los hechos señalados en la medida de coerción, de acuerdo con los principios de congruencia», expresó.

Balbuena dijo que se opone a la petición del órgano persecutor de ampliar el plazo para la presentación de la acusación en vista de que lleva casi tres años investigando a su defendido.

Acusación personal

Balbuena consideró que todo parece indicar que el Ministerio Público busca afanosamente formularle una acusación a la figura de Peralta de cualquier forma, «por lo que la investigación que se está haciendo ya no es sobre hechos delictivos, sino a la persona basadas en mentiras y falsedades», agregó.

Los abogados de Peralta aseguran que su cliente debe ser excluido de manera definitiva del caso, porque no tiene ninguna responsabilidad en supuestos hechos imputados.