SANTO DOMINGO.-. “La meta que nos propusimos de impulsar una gestión operativa y administrativa más ágil y efectiva, que al mismo tiempo garantice el debido proceso, va siendo alcanzada”, destacó este martes la procuradora general Miriam Germán Brito, durante el acto de rendición de cuentas del Ministerio Público correspondiente al año 2022.
Germán Brito señaló que el Ministerio Público es el motor del proceso penal y resaltó que ese protagonismo es hoy día reconocido y valorado.
“Si bien somos un cuerpo expuesto al constante escrutinio público y a la crítica de muchos sectores, hemos sabido mantener y defender la objetividad en los procesos promovidos, sin sucumbir al populismo o a la inmediatez”, manifestó.
“Lo anterior tiene un valor que debe ser resaltado. Sobre todo, en estos momentos. Debe entenderse que la justicia tiene sus reglas y sus tiempos”, subrayó durante el acto realizado en el Auditorio Manuel del Cabral, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Destacó que en 2022 se solucionaron 19,200 conflictos por medio de salidas alternas, y se lograron 7,999 aperturas a juicio y unas 4,993 condenas.
En cuanto a la persecución penal, dijo que han dado especial relevancia a proteger a las víctimas y testigos, al indicar que se ha brindado asistencia focalizada en, al menos, 1,300 casos.
“Convencidos de la necesidad de una ley de protección de víctimas, estamos en disposición de presentar al Congreso Nacional nuestra propuesta de programa en ese sentido, para que sea tomada en consideración para la elaboración de una ley sobre la materia”, expresó en su discurso la máxima representante del Ministerio Público.
De la Ley que crea el Ministerio de Justicia, expresó que es vital clarificar la competencia constitucional del Ministerio Público como órgano que dirige la política criminal del Estado, deslindándola de las políticas de prevención o de seguridad ciudadana, que son propias de entes del Poder Ejecutivo.
Expuso que la sobrepoblación penitenciaria sigue siendo el principal desafío y que queda mucho camino que recorrer para lograr la dignificación de las cárceles.
“Lo que sí puedo asegurar es que, luego que unificáramos ambos sistemas, la coordinación interinstitucional requerida para mejorar las condiciones de quienes cumplen condena se ha hecho mucho más fluida y constante. Mientras ejerzamos la rectoría del sistema, no escatimaremos esfuerzos para humanizar el cumplimiento de la pena”, dijo.
Sobre avances puntuales del Inacif, explicó que se ha logrado la aprobación de la prueba de polígrafo que aplica el Instituto Internacional de Auditores Antifraudes, y se han comenzado a aplicar las pruebas inter-laboratorio, lo que dijo, confirma la calidad de las pericias que se realizan.
En relación a las situaciones recientes de violencia policial, refirió que se han llevado a cabo múltiples investigaciones y se han procesado más de 7 casos. “En ninguna circunstancia la actuación policial puede estar al margen del debido proceso ni del Estado de Derecho”, señaló.
“Respecto de la cibercriminalidad, delito en crecimiento, hay investigaciones que nos colocan a la vanguardia en la región, que son utilizadas como ejemplo en materia de combate a la pornografía infantil y al cibercrimen trasnacional, como la Operación Discovery. Se brindaron, en general, 6,425 asistencias y se obtuvieron 9 condenas”, detalló.
Sobre la lucha contra la corrupción administrativa, dijo que continúa siendo vital. “En 2022, se obtuvo condena en varios expedientes que son de dominio público. Actualmente, tenemos decenas de solicitudes de acuerdos en casos de corrupción, muestra de la fortaleza de las investigaciones en curso. Lo anterior, sin descuidar el avance de los procesos que a la fecha no han sido judicializados”, precisó.
Al resaltar los avances del órgano persecutor, dijo: “desde agosto del 2020 a la fecha, hemos acometido importantes actuaciones contra del crimen organizado y lavado de activos, que han dado lugar a casos complejos que son de conocimiento público”.
Resaltó que estos despliegues de inteligencia tienen en común meses de arduo trabajo, con jornadas extraordinarias por parte de los equipos de investigación bajo el liderazgo de la Dirección General de Persecución, quienes promueven incansablemente los procesos penales a las siguientes fases.
En materia de trata y tráfico, Germán Brito destacó dos operaciones sin precedentes: “la Operación Cattleya, en la que se rescataron más de 80 víctimas y se presentaron cargos formales, y la Operación Frontera, dirigida a desmantelar estructuras organizadas que traficaban personas.
En torno al fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público, sostuvo que es la primera vez en la historia del Ministerio Público que se implementa una evaluación técnica y rigurosa con miras a evaluar el desempeño de fiscales ocupando posiciones de titulares, cumpliendo así con lo establecido en la ley.
Adelantó que, a finales de este mes, serán dados a conocer los resultados preliminares de las evaluaciones, para luego proceder con la ejecución de un concurso para titularidades que cubra las plazas vacantes que queden disponibles.
Se recuerda que el comité evaluador está integrado por las direcciones generales de Carrera, de Persecución y Administrativa, así como por el Contralor del Ministerio Público, y que son evaluadas titularidades en diferentes jurisdicciones, además de las especializadas de Medio Ambiente, Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Crímenes y Delitos contra la Salud, y Control de Tráfico de Armas.
Indicó que han hecho la previsión presupuestaria correspondiente para llevar a cabo un concurso interno para ascenso de 90 fiscalizadores, conforme a las necesidades institucionales identificadas, incluyendo los montos que corresponden a los beneficios complementarios aplicables (un total aproximado de 58 millones de pesos).
Por igual, dijo, que la Dirección General de Carrera ha solicitado realizar un concurso público de oposición para fiscalizadores con el objetivo de cubrir 60 plazas en provincias críticas fronterizas y del Este, dado que la cantidad de funcionarios existentes en estos lugares no es suficiente para la demanda de trabajo actual. Detalló que estas plazas han sido identificadas a partir del riguroso levantamiento que constituye la matrícula del Ministerio Público.
Indicó que la Escuela Nacional del Ministerio Público alcanzó el año pasado unas 9,833 inscripciones en las distintas actividades formativas ofrecidas.
Refirió que la escuela también fue reelecta en el Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) para el periodo 2022-2024, impulsando las relaciones con la comunidad internacional y estrategias comunes que permitan enfrentar los problemas concernientes a la región.
