Santo Domingo, RD.-. El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los abogados del Estado y los representantes legales de diferentes consorcios de bancas que fueron afectados económicamente por el caso Operación 13, con el fin de presentar sus conclusiones.
Un total de cinco consorcios pidieron una suma de RD$175 millones de indemnización a los imputados, por separado.
El representante legal del consorcio de bancas La Esperanza, Víctor Céspedes, pidió al tribunal que fueran pagados por los imputados un total de 40 millones de pesos.
Pidió distribuirlos de la siguiente manera: al ex administrador de la Loteria Nacional, Luis Miguel Dicent RD$12 millones; William Rosario RD$12 millones; Felipe Toribio RD$10 millones; Carlos Berigüete RD$500,000; Eladio Batista RD$2 millones; Jonathan Augusto RD$500,000; Valentina Rosario RD$1 millón; Miguel Mejía Rodríguez RD$500,000; Edison Peralta RD$500,000 y Rafael Mesa RD$1 millón.
Cespedes estableció que ha sido un proceso tedioso y que la indemnización fue tomada en base a la individualización de los hechos, pero que la cantidad solicitada no compensa las pérdidas que obtuvo la sociedad bancaria.
“Nunca va a compensar lo que establece el daño causado por la entidad que está supuesta a regular el juego de azar en la República Dominicana”, expresó el abogado querellante.
Asimismo, Víctor Céspedes pidió que los imputados repusieran nueve millones novecientos treinta y seis mil pesos, la cual fue la suma que perdió el consorcio La Esperanza cuando salió ganador el bolo 13.
Por otro lado, el consorcio de banca Báez pidió la suma de 25 millones de pesos; Lotería La Primera RD$10 millones y banca La Suerte RD$100 millones por indemnización.
Estado pide 600 millones
A los 175 millones se le sumarían los 600 millones de pesos que pide el Estado.
Uno de los abogados del Estado, Edison Joel Peña, manifestó que esa indemnización tiene una fundamentación tanto jurídica como social.
“Los actos de corrupción cometidos por estos imputados han afectado al buen nombre de República Dominicana, han afectado incluso a la inversión nacional”, aseveró Peña.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), estableció el Ministerio Público y demás querellantes presentaron y han probado al tribunal por qué son merecedores de indemnizaciones civiles por los daños que le han ocasionados.
El martes 22 de febrero la defensa de los imputados acudirá al tribunal a presentar sus conclusiones.
Los acusados de Operación 13 son enjuiciados por perpetrar el fraude mediante el sorteo de lotería fraudulento, el pasado primero de mayo de 2021, en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de apuestas, con un monto que asciende a más de 500 millones de pesos. En el sorteo fraudulento se mostró como ganador el bolo número 13.
