Por Tito Valenzuela.
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Santo Domingo. Una empleada del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) estaría utilizando al Ministerio Público en un presunto plan de hostigamiento contra el padre de su hijo, ya que desde octubre del 2020 lo ha obligado a comparecer, al menos en ocho ocasiones, por ante los Departamentos de la Niñez, Adolescencia y Familia de los sectores Mejoramiento Social y Gazcue y a la Procuraduría Fiscalía del Juzgado de Paz de la Tercera Circunscripción del Distrito Nacional del ensanche Luperón.
Llama la atención que en este mes (enero) Rosela Altagracia Feliz Hernández (Analista 2) del Banco Central haya citado en tres ocasiones (días 23, 25 y 31) a su anterior pareja.
Este 23 tuvo que presentarse por una solicitud de variación del régimen de visitas, y el 25 volvió a la justicia para tratar sobre la manutención del niño, esta vez por ante la Sala Civil del Segundo Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del ensanche Luperón.
La citación del Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia (Gazcue) para hoy 31 de enero tiene por finalidad conocer la acusación que le hace la empleada del Banco Central por presunta transgresión del Artículo 396 literal A de la Ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
El 13 de octubre del 2020 Feliz Hernández denunció al padre de su hijo en la Fiscalía Comunitaria María Auxiliadora del sector Mejoramiento Social por presunta violación a la Ley 24-97 sobre violencia de género.
El Procurador Fiscal inició una investigación, solicitó su comparecencia el 16 de octubre, ordenó protección por 48 horas a favor de Feliz Hernández, y procedió a homologar la decisión por ante el Juez de Instrucción del Distrito Nacional.
Después, la “Analista 2” del Banco Central hizo acudir al padre de su hijo el 9 de noviembre de 2020 a la Fiscalía del Juzgado de Paz de la Tercera Circunscripción (ensanche Luperón) a los fines de tratar asuntos de la pensión alimentaria (Ley 136-03). En el acta de conciliación se estableció una pensión provisional de 5 mil pesos mensuales y el pago del 50 por ciento de los gastos médicos y de escolaridad.
El 30 de marzo de 2022 el indicado Juzgado instrumentó el expediente 066-2022-EPEN-00109 en cuyo fallo declaró buena y válida la solicitud de aumento de la pensión interpuesta por la empleada del Banco Central. El Tribunal aumentó de 5 mil a 7 mil 500 pesos mensuales la pensión y ordenó mantener el 50 por ciento de los gastos médicos y de escolaridad.
El 14 de septiembre de 2022 la funcionaria del Banco Central hizo comparecer al padre de su hijo ante el Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia de la Fiscalía del sector Gazcue acusándolo de presunto maltrato psicológico (Ley 136-03)
