Santo Domingo, RD.-. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) identificó los principales retos del sistema de justicia para el 2023, en un comunicado que emitió con motivo de conmemorarse este 7 de enero el Día del Poder Judicial, en el cual expuso las acciones que deben ser adoptadas y los avances logrados.
En primer lugar, planteó que se incentive el uso de vías alternas de resolución, para que en corto plazo la mayoría de los casos se resuelvan con penas sin llegar a juicio, al igual que se refuerce la cultura de eficiencia que se ha puesto en ejecución en los tribunales de la República.
Señaló la necesidad de que los juzgados de paz, en el marco de las leyes actuales y con las adecuaciones que resulten imprescindibles, sean la base de una nueva cultura ciudadana que refuerce la convivencia pacífica, la resolución alterna de disputas y la desjudicialización de una serie de procesos a su cargo.
Sugirió la implementación, de manera planificada y sistemática, de la nueva ley de uso de medios digitales en todo el país, que permita el establecimiento del canal digital para los usuarios, las audiencias virtuales, los centros de consulta y autoservicio y los cubículos para las audiencias virtuales.
Propone realizar las consultas imprescindibles en la comunidad jurídica y la sociedad en general sobre la importancia de la actualización y adecuación de la Ley de Casación, la cual dice que “lamentablemente representa un factor de inercia para el sistema jurisdiccional por su obsolescencia”.
Instó a que se aumenten las cámaras especializadas, ampliando el número de sus jueces y adecuando los espacios físicos de acuerdo a necesidades de eficiencia. Abogó por la urgente inauguración de la Ciudad Judicial en el municipio de Santo Domingo Este.
“Estas medidas deberán estar acompañadas de pasos concretos para mejorar la gravísima situación que persiste en el sistema penitenciario, que condena a miles de personas a cumplir una pena anticipada y sufrir malos tratos.”, consideró la Finjus en un comunicado suscrito por su vicepresidente Servio Tulio Castaños Guzmán.
Censo penitenciario
Planteó la urgencia de que el Poder Judicial se articule con la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones para establecer un censo penitenciario verificable y que sea adecuado a los cambios en el funcionamiento ordinario del sistema de justicia penal.
Sostiene que esto implicaría el establecimiento de un sistema de identificación biométrico, que permita poner al día la totalidad de las órdenes de libertad en todos los tribunales de ejecución de la pena y de la sanción adolescente y garantice la reducción de la cantidad excesiva de presos preventivos.
Autonomía presupuestaria
Consideró que continúa siendo un déficit sensible del Estado para que el sistema de justicia logre un rendimiento excelente en sus respectivas organizaciones, la inobservancia de la ley que sustenta la autonomía financiera y presupuestaria de los órganos del sistema de justicia.
“Para 2023, como ha ocurrido en años anteriores, las partidas consignadas para los órganos e instituciones del sistema de justicia quedarán muy por debajo de las necesidades que enfrentan y recibirán montos inferiores a los que les corresponde de acuerdo a leyes especiales vigentes.”, indicó.
Recordó al Gobierno Central que sin los recursos adecuados, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de la Defensa Pública, no podrán contribuir a reducir o prevenir la criminalidad, investigar sus responsables ni aplicar las consecuencias que de ellos se derivan.
