SANTO DOMINGO, EFE.-. El Ministerio Público aseguró este lunes que las empresas de Alexis Medina Sánchez, imputado por presunta corrupción en la Operación Antipulpo, contrataron de manera irregular con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) más de 2,000 millones de pesos.
En ese sentido, la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que esa acción constituye una violación a la Ley de Contratación Pública, la libre competencia y al proveedor de menor costo.
Ortiz así lo afirmó a través de un comunicado enviado por el Ministerio Público, que da lectura al expediente acusatorio contra Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, y de otras personas y empresas en el juicio preliminar que se celebra en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
“Quedó asentado en el tribunal que los costos de las empresas de Alexis eran superiores a los de cualquier otro oferente en el mercado”, dijo la magistrada.
El proceso continuará el viernes venidero con la lectura de la página 420 de la acusación.
En la audiencia Mirna Ortiz representó al Ministerio Público junto a Elizabeth Paredes, Héctor García, Ernesto Guzmán, José Miguel Marmolejos y Yoneivy González.
En la audiencia fueron leídas las páginas correspondientes a las presuntas acciones ilícitas relativas a la Oisoe y la reparación de los hospitales.
El caso se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y su hermana, la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Carmen Magalys Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos en un extenso expediente por presunta corrupción y lavado de activos que consta de 3,445 páginas.
El proceso también se sigue en contra del exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como de Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, el ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
También están acusados Carlos Montes de Oca y Paola Mercedes Suazo.
El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las empresas General Supply Corporation, Domedical Supply, Fuel América Inc., Dominicana, y Globus Electrical, entre otras.
