Estos casos han llevado a médicos y abogados a exigir a la Fiscalía del país, mediante una carta, que «cesen todos los procesos judiciales actuales y que no [presente] ninguna acusación en el futuro contra las mujeres» que interrumpieron su embarazo.
Reino Unido .-. Dos mujeres en el Reino Unido podrían enfrentarse a cadena perpetua por tomar píldoras abortivas si se aplican las leyes aprobadas en el siglo XIX y a principios del XX.
Estos casos han provocado una gran indignación entre médicos y trabajadores de organizaciones benéficas, que, por su parte, han escrito una carta al director de la Fiscalía del país instándole a dejar de perseguir a las mujeres por la interrupción del embarazo, según informa The Sunday Times.
El primer caso se centra en una mujer de 25 años acusada de «inyectarse ilegalmente veneno u otra sustancia nociva, concretamente misoprostol». Este viernes tuvo que comparecer ante el Tribunal de la Corona de Oxford y se declaró inocente.
El rotativo informa que en enero del año pasado tomó una de las dos píldoras que los médicos recetan juntas para abortar. La joven tiene que comparecer ante el Tribunal en febrero de 2023 y, según la Ley de Delitos contra Persona de 1861, podría enfrentarse a la pena máxima de cadena perpetua.
Otra mujer, que está acusada de poner fin a la vida del bebé en virtud de la Ley de Preservación de la Vida Infantil de 1929, deberá comparecer esta semana ante un tribunal de Staffordshire.
Recibió las píldoras del Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS, por sus siglas en inglés) durante la pandemia, cuando se permitía a las mujeres con embarazos de menos de diez semanas recibir medicamentos abortivos por correo tras una consulta a distancia.
Sin embargo, tras tomar las píldoras, dio a luz a un feto de 28 semanas, por lo que fue denunciada a la Policía. Si es declarada culpable, también se enfrentará a la pena máxima.
«Estos procesos legales pueden disuadir a las mujeres que sufren abortos espontáneos e incompletos de buscar asistencia médica cuando la necesitan», dijo Clare Murphy, directora ejecutiva de BPAS, y añadió que estos casos penales son «solo el inicio del aumento de la criminalización de las mujeres en circunstancias difíciles y desafiantes».
Para la responsable de BPAS es «repugnante que, 160 años después, las mujeres vulnerables deban sufrir una legislación desarrollada en un mundo que ahora es irreconocible» para la gente moderna.
«La legislación actual viola los derechos humanos de las mujeres»
Estos casos han llevado a médicos de alto nivel, así como a abogados y trabajadores de organizaciones benéficas, a firmar una carta dirigida al director de la Fiscalía del país, Max Hill, en la que se afirma que «no es de interés público perseguir a las mujeres que interrumpen sus embarazos».
Además, le piden que «cese todos los procesos legales actuales y que no [presente] ninguna acusación en el futuro contra las mujeres o adolescentes que interrumpen un embarazo o experimentan la pérdida del mismo».
De acuerdo con Jonathan Lord, director médico de MSI Reproductive Choices UK, que proporciona apoyo en materia de contracepción y aborto, las mujeres podrían estar bajo sospecha después de sufrir un aborto espontáneo o un parto de un feto muerto si consideraron previamente la posibilidad de abortar.
Mientras tanto, una de las abogadas que firmaron la carta, Charlotte Proudman, está estudiando la posibilidad de presentar una demanda contra el Gobierno británico, ya que «la legislación actual viola los derechos humanos de las mujeres».
Por su parte, muchos parlamentarios ya han pedido a las autoridades que regulen el aborto como un procedimiento médico y lo eliminen de la lista de delitos penales.
«El aborto es un asunto de salud que debe ser tratado como tal», dijo la parlamentaria laborista Stella Creasy.
Se informa que la Fiscalía ya ha recibido la carta y estudiará las cuestiones planteadas de forma urgente.
Fuente RT Actualidad
