Brasil, EFE.-. El asesinato a tiros de un militante del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a manos de un policía bolsonarista sobrecogió este domingo a la política brasileña, que atribuyó el crimen al clima de «intolerancia» y «odio» que vive el país a menos de tres meses de las elecciones.
Los hechos ocurrieron la pasada madrugada en Foz de Iguaçu, localidad fronteriza con Argentina y Paraguay, cuando un agente penitenciario, seguidor del presidente Jair Bolsonaro, irrumpió en la fiesta de cumpleaños de Marcelo Arruda y abrió fuego contra éste, según señaló la Policía.
Arruda, guardia municipal y uno de los líderes del Partido de los Trabajadores (PT) en Foz de Iguaçu, conmemoraba su 50 cumpleaños en compañía de amigos y familiares con un fiesta temática sobre Lula y el PT, en la sede de la Asociación Deportiva Salud Física de Itaipú.
En un momento determinado, el agente penitenciario, identificado como Jose da Rocha Guaranho, se acerca al local, amenaza a los allí presentes con arma en mano y se marcha.
Pero, a los pocos minutos vuelve, entra al recinto y tirotea a Arruda, que desde el suelo consigue reaccionar y disparar a su agresor, que cae tendido en el suelo, según las imágenes de una cámara de seguridad filtradas por la prensa.
La Policía Civil del estado de Paraná informó en un primer comunicado que el agente penitenciario había fallecido, si bien, horas más tarde, corrigió esa información y dijo que se encontraba ingresado en un hospital «en estado grave».
La comisaria encargada del caso, Iane Cardoso, afirmó en una rueda de prensa que testigos declararon que Da Rocha Guaranho lanzó proclamas a favor de Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, y que todo apunta a que se trató de un «conflicto político».
El asesinato de Arruda se produce a 84 días de las polarizadas elecciones presidenciales brasileña, para las que el claro favorito es Lula, con una ventaja de entre 15 y 20 puntos sobre Bolsonaro, según los últimos sondeos.
CONDENA DEL MUNDO DE LA POLÍTICA
El suceso fue ampliamente condenado por autoridades, candidatos presidenciales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, atribuyó el incidente al «discurso de odio estimulado por un presidente irresponsable», en alusión a Bolsonaro, y afirmó que Brasil necesita «democracia, diálogo, tolerancia y paz».
Por su parte, Bolsonaro recuperó un mensaje que publicó en 2018 —año en el que fue acuchillado durante un acto de campaña—, en el que rechazó a «quien practica violencia contra opositores», pero al mismo tiempo acusó a la izquierda de tener «un historial innegable de episodios violentos» y de «descontextualizar» sus palabras.
La presidenta del PT, la diputada Gleisi Hoffmann, pidió a las autoridades de seguridad pública del país «medidas efectivas de prevención y combate a la violencia política».
En el último mes se han registrado un par de incidentes en actos del PT con presencia de Lula. En uno de ellos, un sospechoso lanzó dos petardos y en otro un dron arrojó aguas de alcantarilla contra la militancia petista. En ambos casos los autores están detenidos.
Por otro lado, el candidato presidencial laborista Ciro Gomes, tercero en las intenciones de voto, manifestó que «el odio político necesita ser contenido» para evitar que se produzca «una tragedia de proporciones gigantescas» en medio de esta «guerra absurda, sin sentido y sin propósito».
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, indicó que la muerte de Arruda es «la materialización de la intolerancia política que impregna el Brasil actual» y muestra «cómo es vivir en la barbarie».
«Todos debemos, especialmente los líderes políticos, luchar para combatir este odio, que va contra los principios básicos de la vida en familia, en sociedad y en democracia», añadió.
También se pronunció el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien subrayó que «la intolerancia, la violencia y el odio son enemigos de la democracia y del desarrollo»; y recordó que «el respeto a la libre elección debe ser defendido por todas las autoridades de los tres poderes».
La sociedad civil también se sumó a las condenas, como la Red de Acción Política Por la Sostenibilidad (RAPS), que repudió «la escalada de violencia política en Brasil» y alertó a las instituciones democráticas sobre «la necesidad de ampliar las acciones de diálogo cívico» en el país.
«La violencia política no puede tolerarse más», sentenció esta organización no gubernamental compuesta por 750 miembros de 29 partidos políticos del país.
