Santo Domingo.-El Ministerio de Energía y Minas volvió a sacar la cara por el fideicomiso de Punta Catalina, recién aprobado por la Cámara de Diputados.
A través de un comunicado de prensa, Energía y Minas negó que con el fideicomiso la gestión del presidente Luis Abinader pretende privatizar la infraestructura o cederla a algún grupo empresarial, como afirmó en esta semana la Fundación Justicia y Transparencia (FJT).
El organismo explicó que la creación de un fideicomiso para la administración de la central termoeléctrica obedece al interés de que el Estado dominicano pueda participar en sector eléctrico produciendo y vendiendo energía.
“Debido a que por ley un ministerio no puede ser propietario de una empresa ni realizar operaciones comerciales y, consciente de la conveniencia de que la Central Punta Catalina participe de manera independiente en el mercado eléctrico nacional produciendo y vendiendo energía, el Gobierno ha decidido constituir la central en un fideicomiso público cuya administración financiera recaerá en el banco estatal Banreservas por medio de la fiduciaria del mismo nombre”, detalló.
Para Energía y Minas, dejar que Punta Catalina sea administrada por el Banreservas, no es privatizarla ya que ambas entidades pertenecen al Estado.
“¿Es eso una privatización? ¿Significa eso ceder o regalar a privados el activo Punta Catalina? Punta Catalina no ha sido puesta en venta por el Gobierno, ni hay planes ni propósitos de hacerlo”, precisó.
Otra de las críticas que ha recibido el contrato de fideicomiso, es que la mayoría de los miembros de Comité Técnico son del sector eléctrico privado (Celso José Marranzini Pérez, José Luis Actis, Noel Báez Paredes, George Ángel Reinoso Núñez y John A. De Armas), quienes de ser aprobado el contrato tendrán amplios poderes para para deliberar y aprobar las actuaciones del fideicomiso.
Contrario, Energía y Minas aclaró que los miembros del comité no fueron designados como representantes de ninguna empresa o grupo empresarial, sino como ciudadanos con alto nivel profesional y experiencia gerencial.
Además, precisó que el monto de 2,340.54 millones de dólares indicados como valor de Punta Catalina en el contrato del fideicomiso, es referencial.
“Ese valor es un simple número de referencia que tendrá que ser confirmado o descartado por los resultados de la auditoría financiera sobre costos de construcción y seriedad de las inversiones; auditoría que se iniciará este mismo mes a cargo de una prestigiosa firma auditora independiente”.
Sobre los retrasos en la auditoría, el organismo precisó que se habían lanzado, desde diciembre del 2020, tres procesos públicos de licitación para contratar una firma auditora para Punta Catalina.
Señala que estos tres procesos fueron declarados desiertos y recientemente se logró la clasificación de una empresa para dicha auditoría. “Los resultados de esa investigación serán hechos públicos en corto plazo”, detalló.
En el mismo orden, la entidad desde que hace más de dos meses la firma norteamericana Sargent and Lundi está realizando una auditoría técnica sobre construcción y funcionalidad de Punta Catalina y ya ha entregado el primer informe parcial de dicha investigación. “La investigación durará seis meses y sus resultados también serán publicados”.
Para Energía y Minas, dejar que Punta Catalina sea administrada por el Banreservas, no es privatizarla ya que ambas entidades pertenecen al Estado.
“¿Es eso una privatización? ¿Significa eso ceder o regalar a privados el activo Punta Catalina? Punta Catalina no ha sido puesta en venta por el Gobierno, ni hay planes ni propósitos de hacerlo”, precisó.
Otra de las críticas que ha recibido el contrato de fideicomiso, es que la mayoría de los miembros de Comité Técnico son del sector eléctrico privado (Celso José Marranzini Pérez, José Luis Actis, Noel Báez Paredes, George Ángel Reinoso Núñez y John A. De Armas), quienes de ser aprobado el contrato tendrán amplios poderes para para deliberar y aprobar las actuaciones del fideicomiso.
Contrario, Energía y Minas aclaró que los miembros del comité no fueron designados como representantes de ninguna empresa o grupo empresarial, sino como ciudadanos con alto nivel profesional y experiencia gerencial.
Además, precisó que el monto de 2,340.54 millones de dólares indicados como valor de Punta Catalina en el contrato del fideicomiso, es referencial.
“Ese valor es un simple número de referencia que tendrá que ser confirmado o descartado por los resultados de la auditoría financiera sobre costos de construcción y seriedad de las inversiones; auditoría que se iniciará este mismo mes a cargo de una prestigiosa firma auditora independiente”.
Sobre los retrasos en la auditoría, el organismo precisó que se habían lanzado, desde diciembre del 2020, tres procesos públicos de licitación para contratar una firma auditora para Punta Catalina.
Señala que estos tres procesos fueron declarados desiertos y recientemente se logró la clasificación de una empresa para dicha auditoría. “Los resultados de esa investigación serán hechos públicos en corto plazo”, detalló.
En el mismo orden, la entidad desde que hace más de dos meses la firma norteamericana Sargent and Lundi está realizando una auditoría técnica sobre construcción y funcionalidad de Punta Catalina y ya ha entregado el primer informe parcial de dicha investigación. “La investigación durará seis meses y sus resultados también serán publicados”.