POR ASTRID SUÁREZ
BOGOTÁ (AP) — Dos grupos ilegales enemigos que se enfrentan desde enero en el noreste de Colombia cometieron múltiples violaciones de derechos humanos, entre ellas, asesinatos selectivos en las que varias de las víctimas fueron civiles, advirtió el miércoles la organización internacional Human Rights Watch.
En enero, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó una incursión violenta en el Catatumbo para disputar el control del territorio fronterizo con Venezuela con el “Frente 33”, una de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió al acuerdo de paz firmado entre la guerrilla y el Estado en 2016.
La Gobernación de Norte de Santander, donde se ubica el Catatumbo, reportó el homicidio de 94 personas desde el 16 de enero —cuando inició la ola de violencia— hasta el 24 de marzo, fecha del último reporte disponible.
Entre las víctimas, hay seis firmantes de paz de las extintas FARC, cuatro menores de edad y tres líderes sociales. Más de 56.000 personas se han desplazado forzosamente.
“Son asesinatos selectivos, van dirigidos a personas que ELN, en muchos casos, acusa de estar asociadas con el Frente 33, pero la evidencia que nosotros tenemos es que muchas de esas personas, esas víctimas, serían civiles”, dijo a The Associated Press Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de HRW.
La organización no señaló cuántos de los asesinatos corresponderían a civiles, pero advirtió que las cifras dadas por las autoridades podrían ser mayores debido a que los grupos armados “‘desaparecieron’ a algunas personas y los familiares de otros enterraron sus cadáveres sin notificar a las autoridades”.
En el informe titulado “Colombia: Grupos armados azotan región fronteriza” que fue divulgado el miércoles, HRW documentó varios casos de asesinatos tras entrevistar a 65 personas, incluyendo desplazados, trabajadores humanitarios y autoridades judiciales y gubernamentales.
Una de las víctimas que habló con HRW bajo condición de anonimato por temor a su seguridad relató que en la mañana del 16 de enero hombres armados que pertenecerían al ELN tocaron la puerta de la casa de un conductor y, al entrar, dispararon a la pierna de su esposa y lo sacaron para asesinarlo.
“Mientras les suplicaba que no la dejaran morir, lo arrastraron afuera y lo mataron delante de la casa”, contó la víctima. “Su cuerpo estuvo allí tendido para que todo el mundo lo viera hasta las 6 p.m., cuando alguien (de la comunidad) lo cubrió con una sábana”, agregó.
HRW geolocalizó un video que habría sido grabado poco antes de que ocurriera el asesinato. En el video, descrito en el informe, aparecen cinco hombres vestidos de civil, la mayoría portando armas de manera visible, mientras se acercan a un edificio.
En otro video divulgado en Facebook el día del asesinato, muestran el cadáver de un hombre joven con jeans y camiseta negra, desde un ángulo diferente.
El gobierno colombiano ha señalado al ELN de ser el principal responsable de la ola de violencia, por lo que desde enero suspendió las negociaciones de paz que sostenía con la guerrilla en protesta por su accionar bélico.
HRW encontró que el aumento de homicidios en el Catatumbo se debe principalmente a la “campaña que ha hecho el ELN, que incluye asesinatos, secuestros, desapariciones de personas”, indicó Pappier, aunque también encontraron en menor medida casos en los que el responsable sería el Frente 33 de las disidencias, que se mantiene en una mesa de diálogo de paz con el gobierno.
Uno de los casos sería el del líder comunal Pedro María Ropero, quien fue asesinado por hombres armados el 17 de enero. “Un testigo dijo que Ropero se había opuesto a la creación de una nueva Junta de Acción Comunal en su corregimiento, que estaba siendo impulsada por el Frente 33”, indicó HRW en el informe.
Según dijeron varias personas a HRW, el Frente 33 utilizó un cese al fuego pactado con el gobierno en el marco de las conversaciones de paz para ampliar su control sobre las comunidades, imponiendo normas y usando asesinatos y trabajos forzados como castigo.
Para HRW, los asesinatos selectivos ocurridos en el Catatumbo guardan similitud con los que se registraron en 2022 en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, en donde el ELN se disputaba la zona con otra disidencia de las FARC.
“Todo parece indicar que hay un esfuerzo del ELN por controlar la frontera con Venezuela. Creo que parte de eso tiene que ver, en el caso de Catatumbo, con el narcotráfico, pero también con su vínculo con el régimen de (Nicolás) Maduro, con el cual tiene enorme complicidad”, indicó Pappier.
El gobierno venezolano ha negado apoyar a grupos armados ilegales colombianos y tras el aumento de la violencia en Catatumbo desplegó una operación militar antinarcóticos, luego de que el presidente colombiano buscara establecer un plan conjunto que permita la erradicación de bandas armadas en la frontera.
