El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) alerta sobre los riesgos elevados que enfrentan las mujeres que usan drogas, particularmente en relación con la infección por VIH, así como las múltiples barreras que limitan su acceso a servicios de salud y programas de reducción de daños.
A nivel global, las mujeres usuarias de drogas presentan tasas significativamente más altas de infección por VIH que los hombres, alcanzando hasta un 85% en algunos países, frente al 65% de los hombres. Esta situación está estrechamente vinculada a la violencia de género, la desigualdad social, la discriminación y la mayor vulnerabilidad biológica de las mujeres a la transmisión sexual del VIH.
El estigma y la discriminación constituyen una de las principales barreras que enfrentan estas mujeres, especialmente aquellas que están embarazadas o son madres. Muchas veces son víctimas de la negación de servicios de salud, violaciones de la confidencialidad médica y exclusión social, lo que limita su acceso a tratamientos para el VIH y a programas de reducción de daños.
A esta situación se suman las políticas punitivas que criminalizan el consumo de drogas, aumentando el riesgo de violencia estatal y reduciendo las posibilidades de que las mujeres accedan a servicios de salud esenciales. Estas políticas perpetúan la marginalización y dificultan la implementación de estrategias de salud pública con enfoque de género.
Además, la violencia de pareja y la práctica de intercambio de sexo por drogas agravan la vulnerabilidad de las mujeres, impidiendo que puedan negociar prácticas sexuales más seguras y aumentando el riesgo de infección por VIH.
El COIN aboga por la creación de servicios de reducción de daños accesibles y centros públicos de salud que cumplan con los estándares internacionales de calidad, con un enfoque diferenciado para mujeres que usan drogas. Estos servicios deben ofrecer atención integral, confidencial y libre de estigma, incluyendo la provisión de insumos para la reducción de daños, tratamiento para el VIH y salud sexual y reproductiva.
Desde el COIN, hacemos un llamado urgente a las autoridades para adoptar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que prioricen la salud sobre la criminalización y reconozcan las necesidades específicas de las mujeres que usan drogas.
Es fundamental diseñar servicios de salud integrales, accesibles y sensibles al género, que incluyan espacios exclusivos para mujeres, apoyo de pares y programas de salud sexual y reproductiva.
“La criminalización y el estigma solo agravan la situación de las mujeres que usan drogas. Es necesario implementar políticas que garanticen el acceso a servicios de salud con dignidad, libres de discriminación y violencia”, afirmó Dr. Santo Rosario, director ejecutivo del COIN.
El COIN reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción de políticas inclusivas que protejan la salud y el bienestar de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
