Por: Rebeca Henriquez
Defensora de Derechos Humanos.
El inicio del 2025 en República Dominicana ha estado marcado por un escenario alarmante de caos y desorden. Las calles han sido testigos de enfrentamientos violentos, donde se han utilizado tiros, botellas, pedradas y bombas lacrimógenas.
Este panorama no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que también deja al descubierto la ineficacia en la gestión de la seguridad pública, especialmente bajo la dirección de la ministra Faride Raful.
Es preocupante que, a pesar de las expectativas que se tienen al iniciar un nuevo año, la realidad haya sido tan diferente. La falta de una planificación adecuada y respuestas efectivas frente a situaciones de crisis ha evidenciado una debilidad en las estructuras de seguridad del país.
La ciudadanía merece vivir en un entorno seguro, donde la celebración y el disfrute no sean empañados por la violencia.
Es fundamental que las autoridades tomen cartas en el asunto y realicen una evaluación exhaustiva de lo ocurrido. No se trata solo de buscar culpables, sino de implementar estrategias efectivas que garanticen la seguridad y el bienestar de todos los dominicanos.
La confianza en las instituciones debe ser restaurada a través de acciones concretas y responsables.
La situación actual nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno juega en la construcción de una sociedad más pacífica. Es momento de exigir a nuestros líderes no solo promesas, sino resultados tangibles que demuestren su compromiso con la seguridad pública. Solo así podremos avanzar hacia un futuro donde el caos no defina nuestro presente.
