El Ministerio Público presentó este martes otros diez testigos en el juicio de fondo contra los acusados en el alegado entramado de corrupción que involucra a policías y militares, desmantelado mediante la Operación Coral. Con este número, suman quince los declarantes.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó que los testigos detallaron cómo eran incluidos sin funciones en las nóminas del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (Cestur) con el compromiso de devolver el dinero a las denominadas «cabezas recolectoras».

Entre los testigos revelaron prácticas sistemáticas de cobro irregular en el Cestur, diciendo que recibían pagos de 30,000 pesos mensuales, pero que estaban obligados a devolver 27,000, mediante transferencias directas a los acusados.

De RD$30 mil entregaban RD$27 mil

La estructura se presentaba como un esquema de recolección de fondos, en el cual, quienes figuraban en la nómina del Cestur no realizaban ninguna función específica y entregaban a la red el 70 por ciento de sus salarios.

Recolectaban entre RD$500 mil a RD$600 mil

La recolección mensual rondaba los 500 mil y 600 mil pesos, los cuales eran entregados por una parte de los recolectores al coronel José Ramón Santos Jiménez, luego de que el dinero era retirado en el Banco de Reservas de la avenida Venezuela, donde la imputada Esmeralda Ortega Polanco era gerente y les daba trato preferencial a los militares del entramado.

«Uno de ellos declaró que devolvía el dinero a Vicente Girón, así como el que especificó que estos beneficios eran entregados al señalado como cabeza financiera del entramado, Rafael Núñez de Aza, quien lo recibía de manera frecuente en su casa y en efectivo», declaró Ortiz.

Próxima audiencia

Será el próximo martes 5 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, cuando el Ministerio Público presente otros testigos que ampliarán los detalles de cómo presuntamente se desarrolló el supuesto sistema corrupto en el Cusep y el Cestur.

El segundo teniente de la Fuerza Aérea Vicente Girón Jiménez reveló el pasado martes, en torno a sus funciones como supuesto recaudador de fondos del entramado conformado por los imputados en los casos Coral y Coral 5G.

En calidad de testigo Girón Jiménez reveló haber recibido más de 100 millones de pesos, dinero que supuestamente era sustraído del Cusep y Cestur, a través de 80 personas a su cargo en la nómina de estas instituciones.

Vicente es hermano de Raúl Alejandro Girón, el principal testigo del Ministerio Público. En este caso, el dinero que llegaba a su cuenta era transferido a una de sus hermanas para que esta se lo entregara a los cabecillas superiores de la estructura.

Los principales señalados en este caso son el exdirector del Cusep, Adán Cáceres Silvestre; la pastora Rossy Guzmán; el exdirector del Cestur, general Juan Carlos Torres Robiou, y el coronel Rafael Núñez de Aza.

El Ministerio Público dice que esta red estafó al Estado con 4,500 millones de pesos mediante prácticas fraudulentas.

El Ministerio Público ha afirmado, en el transcurso del proceso judicial, que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de dinero y luego bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.

Los imputados en casos Coral y Coral 5G

El general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), es señalado entre los principales cabecillas del presunto entramado.

El general de brigada de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Robiou, fungió como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Es el principal acusado en Coral 5G.

El coronel Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep. Es presentado por el Ministerio Público como el brazo operativo del alegado entramado de corrupción.

El general de brigada de la Fuerza Aérea, Julio C. de los Santos Viola, que ocupó el cargo de jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina cuando Adán Cáceres fue arrestado en el 2021. El Ministerio Público lo acusa de comprar 11 inmuebles, cuatro de ellos a su nombre.

Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, asimilada de la Policía Nacional, conocida como la pastora Rossy, vinculada al caso por supuestamente crear junto a Cáceres empresas fantasmas y organizaciones no gubernamentales y religiosas para lavar los fondos distraídos de las instituciones públicas.

Tanner Antonio Flete es cabo de la Policía Nacional e hijo de la pastora Rossy. Según el expediente actuó como presta nombre del supuesto entramado para blanquear capitales.

General de Brigada del Ejército Boanerges Reyes Batista. Fue subjefe del Cusep hasta el 2014.

Capitán de la Armada, Franklin Antonio Mata Flores. exdirector de Operaciones de Avanzada.

Coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Augusto Lantigua Cruz. Fue ayudante del director y encargado de raciones del Cestur.

Alejandro José Montero Cruz, sargento de la Armada.

Coronel de la Fuerza Aérea Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara. Fungió como encargado de Recursos Humanos del Cestur durante el período 2014-2020.

Coronel de la Fuerza Aérea, Miguel Ventura Pichardo. Fue encargado de la División de Inteligencia.

Erasmo Roger Pérez Núñez, teniente coronel de la Fuerza Aérea asignado al Cusep.

Teniente coronel del Ejército, Kelman Santana Martínez. Fungía como el asistente personal de Adán Cáceres.

Mayor de la Policía Nacional, José Manuel Rosario Pirón. Fue encargado de Tesorería en el Cusep.

Primera teniente de la Fuerza Aérea, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez. Era sub encargada de Auditoría en el Cestur.

César Félix Ramos Ovalle, propietario de la estación de combustible La Marina. Está encartado por supuestamente simular un falso suministro de combustibles a la red. Contra él no pesa la acusación de asociación de malhechores ni testaferrato.

Esmeralda Ortega Polanco, exgerente de Banreservas. De acuerdo al expediente, facilitaba el 90 % de las operaciones financieras en la entidad bancaria a los miembros del supuesto entramado y era para la red, supuestamente, una especie de asistente financiera de Núñez de Aza.

Elida María Trinidad Santiago, suegra del general de los Santos Viola. Acusada de testaferrato.

Manuel de Jesús Alba Solano, suegro del general de los Santos Viola. Acusado de testaferrato.

Epifanio Peña Lebrón, general pensionado del Ejército. Fungió como consultor jurídico del Cusep, durante la gestión del coimputado Adán Cáceres Silvestre.

Erick Daniel Pereira, sobrino del coronel Rafael Núñez de Aza.

Lucía de los Santos Viola, hermana del general de los Santos Viola. Señalada como una de las presta nombre del entramado.

Onoris Soto de los Santos, sobrina del coimputado de los Santos.

El capitán Pedro Castillo Nolasco.

Santiago Antonio Suárez Peguero, cuñado de Adán Cáceres.

Raymel Pastor del Rosario Viola, sobrino y testaferro del general de los Santos Viola, según el Ministerio Público.

Rosa Antonia Disla, madre de Núñez de Aza, también acusada en este caso de testaferrato.

Fuente Diario Libre