La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió aplazar la audiencia en la que se discutiría la medida de coerción para diez acusados de formar parte de una red de narcotráfico internacional desarticulada mediante la Operación Búfalo NK.
La jueza Fátima Veloz ha programado la nueva audiencia para el próximo viernes 27 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
El fiscal Miguel Collado afirmó que el Ministerio Público cuenta con pruebas suficientes para respaldar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados y que estaban preparados para la audiencia.
El Ministerio Público ha señalado que la organización criminal se dedicaba a la comercialización de sustancias controladas, al tráfico de armas y al lavado de activos, y estaba compuesta por ciudadanos colombianos, dominicanos y venezolanos.
En el documento de solicitud de medida de coerción, el órgano acusador pidió al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva contra los acusados y declarar el caso como complejo.
A pesar de que el Ministerio Público vinculó a 28 personas en el caso, solo diez fueron sometidas a la justicia. Entre ellos figuran Rafael Ynoa Santana, conocido como «el Cojo», «Pocho» y «el Don», e Isidro Rotestan Clase, quienes son señalados como los cabecillas de la organización.
Se alega que Ynoa Santana se encargaba de las operaciones de movilización de drogas y tenía bajo su mando a las personas que figuraban como testaferros, mientras que Rotestan Clase supuestamente se ocupaba del lavado de activos.
El documento detalla que los supuestos cabecillas de la organización enviaban el dinero destinado a financiar las operaciones ilícitas de transporte de estupefacientes a Colombia, utilizando casas de cambio en Bogotá y Medellín.
También están acusados Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Henríquez Tavárez, Severiano Núñez Pichardo, Germania Mercedes Natali Román, Maritza Flete Santana, alias Karilis, Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier.
De acuerdo con el expediente, la red operaba desde Santo Domingo y el Distrito Nacional en República Dominicana durante aproximadamente cinco años, transportando sustancias ilícitas a través del mar Caribe y el océano Atlántico, desde y hacia Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, España y Europa, entre otros destinos.
