Danilo Cruz Pichardo
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Durante los primeros dos años de gestión del presidente Abinader hubo quienes, desde los medios de comunicación y las redes sociales, atribuían al jefe de Estado ser un hombre transparente, que escucha y que tiene buenas intenciones.
Ya a nadie se le ocurre expresar esas virtudes por convicción, porque después que se hizo el pacto de impunidad con el PLD, con la mediación de Hipólito Mejía, se acabaron las iniciativas anticorrupción y el Ministerio Público se ha convertido en un organismo inoperante.
Después del acuerdo, los peledeístas apresados, todos del entorno del expresidente Danilo Medina, los han ido poniendo en libertad o flexibilizándoles las condiciones, pero simultáneamente, a partir de esa fecha, ningún funcionario del presente Gobierno, involucrado en escándalo de corrupción, ha sido investigado por la justicia.
Los casos de Neney Cabrera, en el POPEEP, y el de Hugo Beras, en el INTRANT, no pasaron de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Y Carlos Pimentel, que llegó al cargo adornado de buena reputación, no ha vuelto a decir nada.
Es decir, la supuesta transparencia del Gobierno del cambio llegó a su fin hace rato. Y a nadie se le ocurre resaltar que el presidente escucha, pues se trata de un hombre que logró que el Poder Legislativo le apruebe la Ley 28-23, sobre Fedeicomiso Público, en tiempo récord, pese al rechazo de diversos sectores de la colectividad nacional y a que múltiples gobiernos democráticos de la región han eliminado ese mecanismo, que solo ha servido para traspasar empresas estatales al sector privado.
En estos momentos no se habla de fedeicomiso, porque estamos en campaña y al Gobierno no le conviene, pero el marco legal está aprobado. Y a partir de agosto, si el presidente transparente logra la reelección, observaríamos con impotencia el despojo de patrimonios públicos y de servicios estratégicos que serían privatizados.
¿Quién le pidió a Luis Abinader fedeicomiso público? Es evidente que se trata de una forma de cumplir compromisos con sectores de la oligarquía que invirtieron dinero en su campaña de 2020.
Jamás tendría buena intención hacia su pueblo un presidente que aprovecha la distracción de los dominicanos con las fiestas navideñas para que sus legisladores le aprueben una renegociación adelantada del Contrato de arrendamiento de los aeropuertos estatales hasta el año 2060, por una suma que los entendidos califican de irrisoria, partiendo de los beneficios totales que obtendría la parte contratante.
De nada valió que importantes sectores de la vida nacional levanten su voz de alarma contra ese contrato, el jefe de Estado no escuchó a nadie, solo le importó los 775 millones de dólares que recibe como adelanto, dinero que la gente supone el destino de su inversión. ¿A quién escuchó el presidente?
Para colmo, al entrar el año 2024, el “presidente bien intencionado” nos mete la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, pese a que la misma viola derechos fundamentales de los dominicanos, los cuales están consagrados en la Constitución de la República. Esa ley ha generado repulsa de los partidos de oposición y, lo más importante, de entidades y sectores que defienden la ley suprema.
Ante el revuelo causado por esa ley el presidente de la República se ha limitado a expresar su disposición a diálogo. ¿Dialogar qué? Sencillamente esa ley es ilegal y como tal debía ser derogada de inmediato.
Se sabe que ya se han elevado recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero esa alta corte se toma no menos de cuatro meses para la emisión de una sentencia al respecto, lo que aprovecha el Gobierno del cambio para ir implementando ese abusivo recurso durante estos meses de campaña de dos certámenes electorales.
Esa ley, un traje a la medida del jefe de Estado, es propia de una persona que está pensando perpetuarse en el poder, pero que inteligentemente ha ido llevando todo el proceso de menos a más, ofertándose incluso como víctima en ocasiones.
