El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, declaró que aunque desde el gobierno se favorece que los nuevos jueces del Tribunal Constitucional a elegirse próximamente no sean militantes partidarios, consideró que conviene que sean juristas con conocimiento de la política.
“Que los jueces sean abogados que tengan sentido de la política”, manifestó Peralta, porque en su opinión “una persona que haya sido política, pero que no sea un militante”, contribuye eficazmente a tomar decisiones jurídicas con conocimiento de causa.
Peralta informó que el proceso de selección está actualmente enfocado en seleccionar los jueces de 117 candidatos y en un período de tres días para que los ciudadanos puedan hacer objeciones motivadas.
Entrevistado por Pablo McKinney en su programa televisivo por Color Visión, el funcionario del gobierno de Luis Abinader dijo que “hay tres días para que la ciudadanía haga objeciones a candidatos y los objetados tienen 24 horas para responder”.
Dijo que el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne el 17próximo viernes para conocer las objeciones para descartarlas acogerlas, en cuyo último caso significa excluir a candidatos.
Aclaró que quienes tienen 75 años cumplidos no pueden ser candidatos a jueces del Tribunal Constitucional, pero con 74 años pueden ser optar y si son elegidos tienen derecho a completar su período porque hay una sentencia de ese mismo tribunal que así lo dispone.
Reformas
Al abordar el intento de Abinader de impulsar un paquete de reformas institucionales para fortalecer el acceso de la ciudadanía al ejercicio de sus derechos, Peralta dijo que hubo 12 propuestas, incluida una ley para convocar la reforma constitucional.
No obstante, señaló que el gobierno impulsó proyectos que se iban a presentar con consenso en el Consejo Económico y Social o sin él, entre las que citó, la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Ley del Tribunal Contencioso Administrativo, Ley de Compras y Contrataciones y Ley del referendo aprobatorio, que “todas están en el Congreso”.
“El plan de reforma del presidente Abinader no implica solo lo que está pendiente de discutir en el Consejo Económico y Social”, porque hay otros proyectos.
Dijo que el artículo 272 de la Constitución establece que para la reforma de la Constitución, en los temas relativos a la nacionalidad, moneda, derechos fundamentales, modificación del territorio, es necesario un referendo aprobatorio, pero para ejecutarlo se necesita una ley.
“Nosotros hicimos (elaboramos) el proyecto de ley”, porque si se intenta una reforma en derechos fundamentales, tiene que ser refrendado por un referendo aprobatorio.
Afirmó que actualmente “el referendo no es ejecutable porque no hay una ley que establezca el procedimiento” y esa propuesta tiene más de un año en el Congreso.
Como aspecto positivo, Peralta apuntó que aunque en el gobierno pasado se ejecutaron fideicomisos públicos exitosos como Ciudad Juan Bosch y RDVial, “no existía un marco legal”, por lo que se elaboró el proyecto y fue aprobado.
Explicó que las empresas públicas no tienen “sustentación legal normativa”, por lo que se constituyeron las empresas públicas para Punta Catalina, Oficina Metropolitana de Servicios del Transporte (OMSA), Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Banco de Reservas”, entre otras.
“Nosotros estamos trabajando en una ley para regular las empresas públicas y está a punto de sacarse del horno”, manifestó el consultor jurídico del Presidente.
Peralta expresó que para él es fundamental que se apruebe la ley para la jurisdicción contenciosa administrativa, porque se trata de una especie de alta corte que no tiene una ley que regule su funcionamiento.
Señaló que su importancia estriba en que es el tribunal donde pueden acudir los ciudadanos ante atropellos de la administración pública, por lo que el gobierno “propone un proyecto de ley para darle más fortaleza a la ciudadanía”.
Peralta expresó que en el empeño de fortalecer el acceso ciudadano al ejercicio de sus derechos, se intentó instituir constitucionalmente el ministerio público independiente, que no sea nombrado por el Poder Ejecutivo, pero como no la reforma constitucional “está frizada”, se encamina una ley para crear el Ministerio de Justicia, crear una Subcontraloría anti fraude “para que vigile la actuación de sus funcionarios”.
Dijo que el proyecto para crear el Ministerio de Justicia está en una comisión de la Cámara de Diputados, hicieron vistas públicas donde se pronunció el ministerio público y el Colegio de Abogados, y “esperamos que salga de la Cámara de Diputados aprobado”.
Explicó que ese esa ley le quitaría al ministerio público “toda la carga administrativa que no le viene impuesta por la Constitución”, para que se centren en su labor como fiscales.
