El abogado y catedrático Julio César de la Rosa, planteó hoy la necesidad de que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), conjuntamente con la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, elaboren un protocolo para estandarizar los informes que preparan las instituciones gubernamentales sobre la ejecución de los recursos que utilizan en los procesos de emergencia, a fin de garantizar de que los mismos sean transparentados y detallados.
De la Rosa hizo la propuesta en el programa “Toda la Verdad” que él conduce todos los domingos a las 8:00 de la noche por VTV. “Nosotros en este espacio hacemos la propuesta y estamos en la disposición de contribuir con las autoridades para que se pueda elaborar ese protocolo de cumplimiento que puede ser un modelo tipo aplicado a todas las instituciones del Estado, y sobre todo, que se haga la socialización a las diferentes unidades de compras y contrataciones, así como a las diferentes áreas de intervención, indicó.
Sostuvo que el cumplimiento de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas debe estar acompañado de la práctica, no de la teoría. “Sabemos de la intención de que los recursos del Estado sean manejados con transparencia, pero esto no puede quedar en el discurso”, dijo.
El experto en contrataciones públicas puso como ejemplo el informe elaborado por el Ministerio de la Vivienda (MIVED) sobre el uso que dio a los recursos que empleó para atender la emergencia nacional suscitada por el paso del huracán Fiona, el cual no desglosa la cantidad de casas intervenidas, dónde quedan las mismas, cómo se distribuyeron los materiales ni ofrece una lista de las personas beneficiadas.
Indicó que este tipo de informes debe contener los detalles de cuáles fueron las provincias, municipios y sectores impactados, el levantamiento de las necesidades de los afectados, la lista de las personas que fueron beneficiadas por las ayudas entregadas, en aras de que la ciudadanía pueda valorar si los recursos del Estado fueron bien utilizados.
Exhortó a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación a estar vigilantes del uso apropiado de los recursos públicos y del eficaz cumplimiento de la ley 340-01. No obstante aclaró que “no podemos pedirle a la ciudadanía acompañar al Gobierno para analizar lo que se dice haber invertido en una emergencia nacional, si esa información no tiene como verificarse”.
Expuso que el control social que debe ejercer la ciudadanía sólo se puede hacer con las informaciones pormenorizadas que deben preparar y brindar los entes públicos que han sido incluidos en los procesos clasificados como de emergencia.
“Hemos solicitado y hemos planteado que los procesos colgados en portales de las diferentes instituciones, así como los entregados a las entidades de fiscalización que disponen o mandan los decretos de declaratoria de emergencia deben ser informes digeribles para que el ciudadano de a pie y los medios de comunicación puedan obtener informaciones de calidad”, manifestó.
Puntualizó que, en los años de ejecución de la ley, se ha evidenciado que lamentablemente algunos ministros y directores de instituciones utilizan la ocurrencia de un fenómeno natural que obligue la declaratoria de emergencia para usar recursos en compras de bienes y servicios que pudieran esperar los procesos ordinarios, pues en realidad no son utilizados para dar asistencia a los afectados.
Afirmó que la responsabilidad de la falla de cumplimiento debe ser compartida entre las entidades contratantes y los órganos como la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, los cuales están llamados a regular todas las transacciones que haga el Estado dominicano para satisfacer demandas y necesidades.
Invitó a la población a ejercer el control social que contempla tanto la Constitución de la República como la ley de Contraloría y la Ley de Cámara de Cuentas.
“El ciudadano que, con conocimiento de que se declaró un estado de emergencia para adquirir bienes y servicios de la forma más rápida posible, y que haya sido contactado para resolver el problema de su casita y que esto no se haya producido, debe ponerlo en conocimiento de las autoridades, sobre todo del Ministerio Público”.
“Es tiempo de que de una vez y por todas, el tema de transparencia deje de ser un discurso y se asuma con la debida responsabilidad”, concluyó.
