La Fundación Zile (isla), que preside el excónsul haitiano en país Edwin Paraison sugirió como solución al conflicto haitiano-dominicano por la construcción de un canal sobre el río Masacre que sea integrada la Conferencia Episcopal para definir los términos de referencia de “un nuevo diálogo” lo antes posible, con la humildad de las lecciones aprendidas durante el largo proceso que ya lleva 27 meses.
“Sugerimos la mediación de una entidad insular como la Conferencia Episcopal a través de una comisión binacional de 3 obispos por cada una de las partes, con el fin de definir los términos de referencia para la reanudación del diálogo lo antes posible”, precisó la Fundación Zile en una declaración escrita.
La institución destacó para denotar el tranque, que se ha generado en el diferendo entre las dos naciones de la isla, a tal punto que “las partes ni siquiera se han dado la oportunidad de realizar una misión técnica conjunta in situ”.
La propuesta, que incluye la integración de otros sectores sociales de ambos lados de la frontera, partiría de la previa creación de un clima “sereno”, que incluya el retiro a sus bases de las tropas militares desplegadas en la frontera, se reabran todas las fronteras “y la obligada validación técnica formal de los trabajos del canal antes de su finalización”.
La Fundación Zile establece en un documento que titula “Tensión entre Haití y la República Dominicana por la construcción del canal en el río masacre”, que ha hecho todo lo posible por llamar la atención, tanto en el debate público como en ciertos intercambios privados con funcionarios gubernamentales de ambos países.
La publicación observa sobre el hecho de que quienes construyen el canal ya no es un «pequeño grupo privado», sino de una iniciativa comunitaria apoyada por el pueblo haitiano en su lucha por el derecho al acceso al agua. “Esto exige un nuevo enfoque por ambas partes”.
Cuatro actores
La organización binacional destacó su observación en el sentido de que la crisis en torno al canal involucra hoy a cuatro actores. Citó al gobierno haitiano, al dominicano y las asociaciones campesinas haitianas y dominicanas interesadas.
Es necesario, prosiguió, salvaguardar los intereses de todas las partes implicadas.
En tal sentido, defendió su tesis de que Haití defiende su derecho soberano a utilizar las aguas del río; mientras la República Dominicana defiende su derecho a “controlar” el uso que su vecino hace de las aguas del río.
Asimismo, por un lado, las comunidades rurales de Ferrier y Ouanaminthe, se enfrentan a una sequía y a una necesidad real de riego para sus plantaciones y, por el otro, los agricultores dominicanos de La Vigía y Carbonera temen no poder recibir el agua río abajo que necesitan para cultivar arroz o criar ganado.
Un nuevo diálogo
El planteamiento de la Fundación Zile, contenido en un documento público, señala que, en aras de la transparencia, “todas las partes interesadas deberían participar en el nuevo diálogo sobre el canal, con la sociedad civil binacional actuando como guardiana de las relaciones fraternales que deben perdurar entre los dos pueblos de la isla Quisqueya”.
La organización parte de la consideración de que las dos naciones asumieron en el Tratado de 1929 el compromiso solemne de repudiar todo acto de violencia. “La República de Haití y la República Dominicana proclaman solemnemente su repudio a la guerra y a todo acto de violencia de una nación contra otra».
