La directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, estará a cargo de la Operación Gavilán junto al Inspector General de la institución Viterbo Cabral, quien llevará el aspecto disciplinario.
Para la persecución penal, ambos fueron instruidos por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, en la Operación Gavilán trabajan fiscales de unidades especiales del Ministerio Público, como Sourrely Jáquez y Andrés Mena, quienes cuentan con el apoyo de unidades de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo los lineamientos directores de sus responsables, el mayor general Eduardo Alberto Then y el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
En las próximas horas el Ministerio Público procederá a solicitar medida de coerción en contra de los imputados por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
«Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados», detalla el Ministerio Público.
Sobre Operación Gavilán
El Ministerio Público informó que la madrugada de este martes desplegó la Operación Gavilán, en la cual apresó a 12 personas a las que señala como parte de una red compuesta por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura nacional que se «dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos».
De acuerdo con una nota de prensa, entre los apresados, se encuentra un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República y un expolicía.
Los allanamientos se llevaron a cabo en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los supuestos integrantes de la red que, según el Ministerio Público, borraban antecedentes penales relacionados con diversos delitos, como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales.
