Se pedirá licencia a funcionarios que aspiren para algún cargo político.
Por Wilson Pérez
El presidente Luis Abinader garantizó la protección y el control de los fondos públicos en el proceso electoral en curso. El mandatario reafirmó su compromiso ante la ciudadanía en la importancia que tiene para el fortalecimiento de la democracia dominicana superar la historia de gastos desbordados que por décadas han acompañado los procesos electorales.
El tema fue tratado por el Gabinete de Transparencia y Prevención del Gasto Publico, reunido el pasado martes 31 de mayo, decidiendo comparecer en pleno ante la sociedad dominicana para recordar los marcos constitucionales, legales o normativos que nos obligan como ciudadanos a superar prácticas que fortaleciendo el sistema político no deben lesionar las finanzas públicas.
Al pronunciar las algunas palabras, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch dijo que la Constitución de la República en su artículo 39 establece el “derecho a la igualdad, por lo que ninguna persona puede ser discriminada por razones de pensamiento, militancia, práctica o elección de sus preferencias políticas”.
Igualmente, que la Carta Magna establece en el artículo 138 que “los principios fundamentales de la administración pública son claros al establecer los principios de igualdad y transparencia como criterios de especial trascendencia en el manejo de la cosa pública”.
En ese mismo orden, explican que la Ley 41-08 de Función Pública en el artículo 80 numeral 14 establece como prohibiciones: “requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidarias, sea en su provecho o en provecho de terceros”.
Al igual que la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos en su artículo 25, numeral 1 prohíbe: “realizar toda actividad que tienda o tenga como resultado suprimir, desconocer o disminuir los derechos humanos o las libertades, derechos o garantías individuales y sociales que consagran la constitución y las leyes”.
Mientras que en su numeral 9, prohíbe: “imponer o aceptar requerimientos o deducciones de salarios a los empleados públicos o de empresas particulares, aun cuando se alegue que son cuotas o donativos voluntarios”.
En razón a lo ante explicado esta gestión se caracteriza por el cumplimiento normativo que fortalece el manejo de los fondos públicos y el impulso a la cultura de transparencia.
“Sigue siendo profundo nuestro compromiso contra la impunidad, por lo que seguiremos investigando las posibles violaciones a estos principios, así como protegiendo a los servidores públicos con la debida diligencia y discreción. Y con convicción democrática defendiendo la aplicación de las normas aquí recordadas”, precisó Ortiz Bosch.
Las medidas disciplinarias están dentro del marco de la Ley 41-08 de Función Pública, en consulta con el órgano rector, el Ministerio de Función Pública.
Estuvieron presentes, los ministros, de la Presidencia, Joel Santos; administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de la Mescyt, Franklin García Fermín; de Economía, Pável Isa; de administración Pública, Darío Castillo; de presupuesto, José Rijo Presbot; de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; de Contabilidad Gubernamental, Rómulo Arias y de Análisis Financiero, Carlos Castellano.
También el viceministro de Educación, Julio Cordero; el contralor, Félix Santana y el tesorero nacional, Luis Delgado.
