Santo Domingo, RD. Participación Ciudadana expresa su más firme apoyo al trabajo que viene haciendo la Procuraduría General de la República y sus adjuntos, en cumplimiento de la función que le asigna la Constitución de la República de investigar, perseguir y someter a la justicia a toda persona que haya cometido algún delito, incluyendo por actos de corrupción.
El caso que se viene conociendo desde el pasado domingo 19 de marzo es el resultado de una investigacion que por más de año y medio ha recogido pruebas de un desfalco al Estado documentado por cerca de 20 mil millones de pesos, siendo el más grande que se haya conocido en el país, así como la mayor operación de lavado de activos cometida en el menor tiempo, hasta el momento, en detrimento del patrimonio del Estado dominicano.
Nuestra organización nació y tiene cerca de 30 años propugnando por un país libre de corrupción e impunidad. Marchamos y trabajamos todos los días por este noble propósito nacional. Por tanto, hemos celebrado las contundentes investigaciones y fuertes expedientes que se han presentado desde el 2020.
En el denominado caso Operación Calamar que en estos días se comienza a ventilar, haremos lo mismo que en los anteriores, estudiaremos el expediente y daremos todo el respaldo que se merecen los cientos de fiscales, técnicos y personal de la Procuraduría General de la República, así como los de la Contraloría General que, con un enorme esfuerzo, inteligencia y coraje logran desvelar amplias redes de corrupción que han azotado al país por décadas.
Al igual que en los casos anteriores, Participación Ciudadana solo solicita el apego al debido proceso. Nuestras expectativas se dirigen a la correcta actuación del sistema judicial y de todos sus actores, incluyendo el Ministerio Público y jueces, para que cumplan con su sagrado deber de hacer justicia sin importar banderías políticas, sin aceptar chantajes o presiones espurias, amparadas en el poder o el dinero que algunos grupos y personas han acumulado sustrayendo los recursos de este pueblo.
En tal sentido, rechazamos firmemente cualquier acción de alterar el orden público y crear situaciones peligrosas y vergonzosas como las ocurridas este 20 de marzo en las escalinatas del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, que atentan contra la seguridad que debe rodear a cualquier proceso judicial.
Hacemos un llamado al Partido de la Liberación Dominicana a que encamine sus inconformidades por la vía legal. Quienes están sometidos a la justicia tienen todas las herramientas que las sociedades democráticas garantizan para su defensa.
Incluso sus partidarios tienen el derecho de protestar y aclarar los hechos, pero jamás con turbas que intenten vulnerar la seguridad de la ciudadanía, de los detenidos y de sus custodios y crear situaciones que alteren el orden y la gobernabilidad que ha construido este país con mucho esfuerzo.
Por décadas hemos luchado por el fin de la corrupción y la impunidad, este es el momento mas propicio para avanzar en ese gran objetivo nacional.
Llamamos a todos los sectores, instituciones y personas que comparten este anhelo a que nos mantengamos unidos, firmes, dando seguimiento a los procesos en curso, respaldando a quienes están haciendo un buen trabajo y rechazando todo lo que pueda vulnerar el Estado de derecho y las aspiraciones de una patria democrática, libre de corrupción e impunidad.
