Por Danilo Cruz Pichardo
El sistema presidencialista otorga al Poder Ejecutivo el control del Presupuesto de la Nación, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, todas las instituciones estatales, centralizadas y descentralizadas (excepto la UASD), el Poder Legislativo, pues regularmente el partido ganador también domina el Congreso Nacional, el Ministerio Público y gran influencia en la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
Adicionalmente los gobiernos dominicanos, en las últimas décadas, controlan también a los poderes fácticos, tales como el empresariado, las iglesias y los medios de comunicación social, a través de su avasallante inversión en publicidad y la enorme cantidad de periodistas que copan las nóminas públicas.
Es la razón por la cual un presidente dominicano se convierte en una figura superpoderosa, a la que se le suele rendir culto, veneración y reverencia, cultura que se arrastra desde cuando Trujillo. Y desde el periodismo, de forma ilógica, se destaca todo lo que hace un jefe de Estado.
En un ejercicio de positividad todos los gobiernos hacen obras que pueden beneficiar a la población, pero precisamente para esos fines se les elige y, por ende, se convierten en administradores de las instituciones públicas y de todo el dinero que ingresa al fisco, producto del pago que hacemos los contribuyentes con impuestos directos e indirectos.
Es un deber de cada dominicano demandar que se respete nuestro dinero. Los derechos se exigen, no se mendigan.
Como los gobiernos son tan poderosos lo ideal sería colocarse al lado de la población, formulando observaciones respecto a las medidas negativas, velando por la transparencia en el manejo de los fondos públicos, demandar derecho al trabajo y a la alimentación de los dominicanos, mediante asequibles precios en los productos de la canasta familiar, así como abogar por servicios públicos eficientes, tales como educación, salud, agua, energía, transporte, viviendas y demás.
En un país con tanta desigualdad social y económica no hay razón para ser conformista. Y ese conformismo luce menos a un comunicador, cuyo objeto debía ser informar, orientar y edificar a la opinión pública. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, se hace todo lo contrario.
Sin embargo, el comunicador social que abraza el carácter crítico contra una gestión gubernamental determinada no solo se afecta desde el punto económico, sino que desde el poder se le percibe como un agitador inadaptable, adquiere montones de enemigos que no conoce, le tiran a Impuestos Internos y a los organismos de seguridad y su vida se expone a múltiples peligros.
Ese es el pecado de opinar en el periodismo, sobre todo cuando se exige el cumplimiento de la ley a los que ostentan el poder.
La censura de prensa en la República Dominicana es muy vieja. En la época de Trujillo opinar contra el jefe era sentenciarse a la muerte. En los doce años de Balaguer cerca de una decena de comunicadores fueron asesinados, otros desaparecieron, algunos fueron a parar a las cárceles o sufrieron atentados, mientras no faltaron los que tuvieron que salir huyendo del país por temor al terror político.
A raíz del año 1978, cuando el PRD asciende al poder con don Antonio Guzmán, la censura no desaparece. Simplemente los métodos empezaron a ser más suaves, porque cambiaron las circunstancias. Se ha observado, en todo este trayecto, mayor respeto a los derechos humanos y oferta de libertades ciudadanas.
En los últimos 45 años la democracia ha ganado terreno en todos los países de la región y los regímenes militaristas desaparecieron.
La censura periodística se aplica en la actualidad, pero con otros métodos, como la quiebra de medios de comunicación y espacios de entrevistas o comentarios, presión para la cancelación de reporteros, comentaristas o exclusión de ciertos colaboradores, así como el chantaje gubernamental.
De igual manera, se han reportado amenazas a comunicadores de parte de funcionarios civiles y militares, sabotajes a canales de Youtube, espionajes y hackeo de cuentas contra periodistas, en búsqueda de datos personales.
Por temor a ese tipo de persecución y por los beneficios económicos es que resulta cómodo ser gobiernista. ¿O acaso es pura casualidad que en casi tres años de gobierno no haya salido a luz pública resultados de encuestas hechas por firmas de prestigio? ¿Usted no se ha formulado esa pregunta?
Cabe precisar que, mediante el espionaje, inclusive a través de métodos ilícitos, cuando encuentran algo que compromete al comunicador lo hacen viral con el bocinaje en los medios tradicionales, las redes y el uso de bots. Una verdadera perversidad, con la agravante que se hace con recursos públicos.
Naturalmente, en el marco de persecución y la censura, nunca faltan militares y espalderos que expresan a un jefe de Estado –para referirse a un periodista con enfoques sistemáticos contrarios al régimen–: “’¡Déjemelo a mí!” Empero, solo un presidente borracho de poder y extremadamente intolerante cae en un error similar, en un país donde se celebran elecciones cada cuatro años y en política todo lo que sube baja tarde o temprano.
El derecho a expresión está consagrado en nuestra Constitución. La opinión periodística, indistintamente de que lesione intereses de un lado u otro y genere enemistades gratuitas, es propia de los países democráticos, sistema que se fortalece con la pluralidad y el libre juego de las ideas.
Y cuando un comunicador, con sus opiniones, exhibe un carácter crítico contra el gobierno de turno está contribuyendo con el equilibrio, si partimos de la realidad de que en República Dominicana quien dirige los destinos de la nación lo controla todo, casi todo.
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