Santo Domingo, RD.- El presidente de la Comisión de Reforma de la Policía Nacional, Servio Tulio Castaño Guzmán, expresó que en los más recientes movimientos que se realizaron en dicha institución fueron pensionados oficiales que no cumplían con el periodo y los requisitos para que se les pensionaran.
“Bueno, ahora en este proceso, más que los que fueron ascendidos, los que fueron pensionados, ha habido muchas quejas, con razón, o sea, nosotros esperamos que una situación como esa no se vuelva a repetir, son quejas fundamentadas, gente que no había cumplido ni siquiera con el periodo, o con los requisitos para ser pensionados, fueron pensionados”, lamentó.
Advirtió que cosas como esas no se pueden repetir, porque eso es lo que se está tratando desmontar, y dijo que esas cosas se dan porque faltaban los reglamentos, que ya están listos a los fines de que sean aprobados por el Consejo Superior Policial.
Además, reconoció que si los afectados deciden ir a los tribunales podrían ser reintegrados, pero el ministro de Interior y el director de la Policía están revisando para que, en aquellos casos, porque no fue en todos, a quienes se le violentaron sus derechos, vuelvan a la institución.
“Y tiene que ser así, y aquel que entienda que, habiéndosele violado sus derechos, y en este proceso de revisión entienda que no le han tomado en cuenta esos derechos, ahí está el Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso ha sido muy activo en ese sentido”, sugirió el abogado.
Servio Tulio dijo que en la Comisión de Trabajo sugirió la creación de una comisión de juristas que no tuviera vinculada a la institución para que, en casos que el Consejo Superior Policial, por razones de mala conducta, separa a miembros de la Policía, esos casos se lleven en base del debido proceso.
Mencionó otro caso que se está estudiando, de un oficial que fue puesto en retiro y llevó su expediente al tribunal Constitucional donde obtuvo ganancia de causas, y ahora está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, Servio Tulio Castaño Guzmán dijo que el Ministerio Público por cada infracción que cometa un ciudadano pida como medida de coerción la prisión preventiva, porque están adoctrinado para eso, y así se comportan hasta en los Estados Unidos.
“A mí lo que me llama la atención es que los jueces, en un 90 por ciento conceden las medidas que le solicita el Ministerio Público, aquí hay un problema”, alertó el representante de la sociedad civil.
Insistió en que no critica el Ministerio Público porque esa es su forma de ver la vida, pero se supone que hay un tercero que es el imparcial, que es el contrapeso del proceso.
“Entonces a mi lo que me está preocupando, más que el comportamiento en cuanto a las peticiones que hace el Ministerio Público, lo que me preocupa es que los jueces las concedan, yo soy garantista”, reiteró.
Aclaró que, “hay casos en que, por los niveles de peligrosidad, la personalidad de alguien que se le impute un crimen, o en un caso de violencia familiar que se demuestre que esa persona quiso matar a su pareja, en esos tipos de casos soy el primero que voy apoyar que se conceda la prisión”.
Sostuvo que, en casos, desde el punto de vista del proceso, similares a otros que fueron llevados en el pasado, a cuyos imputados sus casos se le conoció en libertad, y fueron condenados, cumplieron sus condenas como los hombres y nunca se quejaron.
Recordó que, “la ley es la ley y te pone como último ratio la prisión preventiva, como la excepción de las excepciones, porque como excepción está la prisión domiciliaria”.
Castaño Guzmán dejó en claro que no se está refiriendo a ningún caso específico, porque se trata de una visión institucional que no es defender a ninguna persona en particular.
“Evidentemente de que eso es preocupante, entonces qué trae como consecuencia eso, entre otras cosas, como nosotros tenemos un sistema penitenciar bipolar, un sistema que se corresponde a un nuevo modelo que está bajo el control del Ministerio Público, que no representa ni el 40% de la población penitenciaria, y tenemos un viejo modelo controlado por policías y militares, que no son recintos penitenciarios, sino cárceles”, detalló.
Explicó que en el nuevo modelo los niveles de reincidencias no sobrepasan el cinco por ciento, y en el viejo modelo es superior al 60%, y la prisión preventiva supera el 60 por ciento de los internos que hay en el país.
“Entonces yo que lo que digo es, que, así como este gobierno ha querido transformar y modernizar a la Policía, lo va tener que hacer con el sistema penitenciario, pero en sentido general”, aseguró.
Reveló que el 70 por ciento del presupuesto de la Procuraduría General de la República va destinado a las cárceles, con más de 12 mil personas involucradas en todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario en la República Dominicana.
