Por Jorge Aníbal Torres Puello
Candidato a Diputado y Secretario de Relaciones Internacionales del PNVC.
Durante un debate presidencial en los EEUU, señalé en mis redes que nuestra forma de gobierno en los Estados Unidos no es una democracia, sino una República.
La crítica confusa y vehemente que siguió me convenció de que este punto podría ser mejor abordado en un ensayo. En la medida en que «democracia» significa «un sistema político en el que el gobierno deriva sus poderes del consentimiento de los gobernados», entonces, por supuesto, eso describe con precisión nuestro sistema.
Pero la palabra evoca mucho más que eso. A menudo se utiliza para describir el gobierno por mayoría, la opinión de que es prerrogativa del gobierno llevar a cabo reflexivamente la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos.
Nuestro sistema de gobierno se describe mejor como una República Constitucional.
El poder no se encuentra en meras mayorías, sino en un poder cuidadosamente equilibrado. Nuestros padres fundadores entendieron esto del versículo bíblico en Éxodo 23:2 que dicta , No sigas a la mayoría para hacer el mal.! Cuando diseñaron nuestra forma de gobierno no-democrático ya que NO SIEMPRE LA MAYORÍA TIENE LA RAZÓN !
Según nuestra Constitución, la aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, el órgano que más refleja las opiniones de la mayoría actual, no es suficiente para que se convierta en ley.
La legislación también debe ser aprobada por el Senado, donde cada estado está representado por igual (independientemente de la población), donde los miembros tienen mandatos más largos y donde (según las reglas actuales) generalmente se requiere un voto de gran mayoría para cerrar el debate.
Thomas Jefferson describió al Senado como el “platillo” que enfría las pasiones más frecuentes en la Cámara.
Es donde se forja el consenso, cuando los senadores llegan a un compromiso a través de líneas regionales, culturales y partidistas.
Una vez aprobado por ambas cámaras del Congreso, un proyecto de ley no se convierte en ley hasta que lo firma (o lo aprueba) el presidente, quien, por supuesto, no es elegido por voto nacional popular, sino por el colegio electoral de los estados.
Y luego, por fin, la Corte Suprema, un organismo que no consiste en funcionarios electos, sino en personas nombradas por períodos vitalicios, tiene el poder de derogar las leyes que violan la Constitución.
¿Qué podría ser más antidemocrático?
Como dije en una charla, la democracia en sí misma no es el objetivo.
El objetivo es la libertad, la prosperidad y el florecimiento humano.
Los principios democráticos han demostrado ser esenciales para esos objetivos, pero solo como parte de un sistema de frenos y contrapesos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno federal, así como entre el gobierno federal y los estados.
Tenga la seguridad de que cada uno de los críticos que me atacó por acreditar correctamente el éxito político de Estados Unidos como una república, no como una democracia, apoya los controles y equilibrios contrademocráticos en las mayorías con las que no está de acuerdo.
Mis críticos apoyan las decisiones de la Corte Suprema que anularon las leyes promulgadas democráticamente.
Apoyan a los filibusteros demócratas de la legislación conservadora para, por ejemplo, derogar Obamacare o permitir la elección de escuela o construir un muro fronterizo para detener la inmigración ilegal.
Los defensores de la “democracia” se han convencido a sí mismos que el obstáculo para el progreso en Washington son todas estas partes contrademocráticas de nuestro sistema.
En verdad, el hecho de que el Congreso no haya aprobado una legislación amplia progresista —o conservadora— en las últimas décadas es una señal de que ninguno de los partidos ha obtenido el apoyo necesario del pueblo estadounidense para aprobarla.
Eso no indica una falla en el sistema, sino fallas en las agendas de los dos partidos. Esto es una característica, no un error.
En ausencia de consenso nacional, no se supone que haya una ley federal. Para eso están los estados: para proporcionar entidades políticas más pequeñas y homogéneas que reflejen nuestra amplia diversidad nacional.
No hay razón para que los neoyorquinos, los habitantes de Carolina del Sur y los hawaianos tengan exactamente las mismas políticas de atención médica, educación, bienestar o impuestos.
Si la diversidad es una fortaleza, y casi todos los estadounidenses están de acuerdo en que lo es, se debe permitir que nuestra diversidad flexione sus músculos.
En este momento, un partido político amenaza con socavar uno de los controles republicanos incluidos en la Constitución, la Corte Suprema, con un plan para llenar la Corte con jueces progresistas.
Pero no se puede llenar la Corte sin amenazar inevitablemente cosas como la libertad religiosa y la libertad de expresión, cosas que son impopulares pero que están protegidas por la Constitución precisamente porque son impopulares.
En ese sentido, nuestra Constitución es fundamentalmente antidemocrática.
Solo en una república constitucional se les otorga a los derechos individuales y la diversidad cultural de los estadounidenses la posición que les corresponde en la cima de nuestro orden político, por encima incluso de la voluntad de la mayoría.
Incluso por encima de los tuits de las turbas de indignación en las redes sociales.
Gracias a dios.
