SANTO DOMINGO.-. Un juez obliga a un estafador a pagar $7,384,500 pesos (€135,000 Euros) a 4 de sus arrendatarios por concepto de responsabilidad civil, le da un plazo de 2 años, sino paga va para la Cárcel, notificara la sentencia al Ayuntamiento del Distrito Nacional (Adn) República Dominicana poner ojos a los extranjeros que se prestan a esta práctica para que los Oriente.
Hasta no hace tanto tiempo las mafias dedicadas a realquilar pisos a turistas estaban convencidas de que podían hacer lo que les diera la real gana.
Las quejas de víctimas apenas encontraban eco, de que las autoridades contemplaban sus fechorías como cuestiones administrativas y menores, de que las sanciones las podían driblar con una simple declaración de insolvencia.
Un Tribunal Colegiado de República Dominicana acaba de condenar a un hombre que se dedicaba a alquilar pisos ubicados en Santo Domingo Distrito Nacional en la ciudad y en la zona colonial para luego realquilarlos por días a través de la plataforma por tiempo corto y lo ha condenado a pagar 135.000€ ($7,384,000) en responsabilidad civil indicando que notificara al Ayuntamiento del Distrito Nacional (Adn).
Este montante tambien se adhiera las multas impagadas derivadas por el uso ilegal de estas viviendas. El Consistorio se personó en la causa como acusación particular.
La sentencia también dicta que si el condenando no abona este pago en dos años tendrá que hacer frente a una pena de prisión de dos años.
El Departamento de Notificaciones de Justicia notificara a la alcaldesa Carolina Mejia para saber si sabia de esto y si está tremendamente satisfecha con esta sentencia, a sabiendas de que el ciudadano extranjero que se apersonó a interponer la denuncia primero fue a la recepcion de la Alcaldia en búsqueda de ayuda y no sabía como desalojarlo, así manifestó relato judicial y para destacar la ejemplaridad del fallo y, además, su oportunidad para que sus funcionarios en la.alcaldia estén atento en donde van muchos extranjeros a buscar ayuda.
“Se trata de todo un aviso para navegantes que son timados a diarios, y debemos proteger nuestro turismo”, subraya el funcionario judicial que emitio el fallo y nos gustaría escuchar la posición de la alcalde. Porque la caída en picada del turismo barato que trajo esta pandemia obligó a estos grupos organizados a abandonar sus actividades está llegando a su fin.
Los guiris están de nuevo en Distrito Nacional Santo Domingo, y muchos de ellos están regresando atraídos por el «low cost». El alojamiento turístico ilegal es de nuevo una suculenta tentación.
“La resolución en este caso es un ejemplo de tolerancia cero ante estas actividades en Distrito nacional Santo Domingo abundan cientos de víctima en busqueda de la fiscalía. Los hechos son muy graves. Además, estamos a las puertas del verano de la recuperación turística. No toleraremos ninguna actividad ilegal. Estos realquileres perturban la convivencia vecinal y alteran los precios del mercado de vivienda.
El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) deberia seguir mostrándose inflexible en esta lucha solicitándole a las Torres, Residenciales, condominios y otras propiedades manejar sus régimen de condominios.
Además, apelamos a la responsabilidad de los portales de alojamiento por tiempo corto para que no permita que se anuncien alojamientos turísticos ilegales”.
El Tribunal Constitucional (TC) el pasado 16 de Marzo del 2022 emitio una resolución eliminando una serie de barreras para desalojar a inquilinos cuando se nieguen a entregar inmuebles arrendados y anulando trabas que impedían que los dueños pudieran accionar judicialmente ante ciertas situaciones, con posibilidad de tener éxito en la demanda.
El juez considera probado que se hizo con las Identificaciones de varias personas, falsificó nóminas y contratos laborales para alquilar cuatro propiedades de los cuales 2 están ubicados Torres de lujos nuevas con piscina en el Distrito Nacional en la Ciudad de Santo Domingo, y luego realquilarlos por días a través de la plataforma de tiempo corto Airbnb. Se benefició con cerca de €49.000 euros ($2,689,000) que ingresó a través de como mínimo 41 transferencias.
Los hechos tuvieron origen principalmente en septiembre del año 2020: Cuando el timador se valió de una inmobiliaria llamada «Dream H, En el momento de la firma del contrato de arrendamiento elaborado por la firma del abogado del condenado contó con la colaboración de otras personas que aún no pudieron ser identificadas. Una de las personas suplantadas padece una discapacidad mental. Y. R. únicamente pagó el mes entrante y la fianza de las viviendas.
Y. R. también empleó estos tejemanejes para abrir cuentas corrientes y contratar los suministros de los pisos en cuestión. Incluso consiguió un préstamos bancario en una entidad financiera local por un monto de €12,000 euros $654,400 (una cantidad que ahora también ha de devolver a las entidades bancarias.
Y la verdad es que se las prometía muy felices, porque, a pesar de que los servicios municipales de inspección no detectaron rápidamente el uso turístico ilegal de estas viviendas, las sanciones y los requerimientos del recaían al Ayuntamiento sobre las personas suplantadas y los propietarios de los inmuebles.
Pero no contó con que los inspectores municipales tirarían del hilo a esta investigación.
