PLD denuncia al Gobierno del PRM por procurar mecanismos jurídicos para entregar lo público a sus aliados del sector privado.
Santo Domingo.-. El Partido de la Liberación Dominicana se opone a los proyectos de modificación de la Ley de Alianzas Público Privadas y la Ley de Fideicomiso Público y denuncia ante la población que el gobierno, con su mayoría en el Congreso, busca crear el sin cumplir con las leyes de compra, presupuesto y crédito público.
La posición fue fijada por el secretario de Asuntos Económicos del PLD, Guarocuya Félix, conjuntamente con los voceros de la bancada peledeísta en el Senado y la Cámara de Diputados, Iván Lorenzo y Gustavo Sánchez, respectivamente, el Secretario de los Asuntos Jurídicos, José Dantés Díaz y los subsecretarios Yulibelys Wandelpool y Luis Reyes, este martes en rueda de prensa efectuada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.
Félix reiteró que el PLD no apoyará proyectos de ley con aspectos ambiguos, que erosionen el derecho administrativo y con mecanismos para evitar la aplicación de controles legales y constitucionales sobre fondos públicos.
“En el proceso de privatización de lo público y de entrega de los activos del pueblo dominicano a allegados privados, el gobierno dominicano ha sometido al Congreso Nacional dos propuestas de ley que son la pieza fundamental para terminar de realizar el entramado de privatización que caracteriza la administración de Luis Abinader”, declaró.
Explicó que la propuesta de modificación de la Ley de Alianzas Público Privadas establece mecanismos expeditos nunca vistos en legislación alguna en el mundo, para realizar contratos de Alianza Público Privadas al vapor, con el único fin de evitar la competencia que debe caracterizar este tipo de procesos, mientras que la ley de fideicomiso público busca crear un mecanismo “legal” para incumplir con la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley de Crédito Público, haciendo un gobierno paralelo a través de los fideicomisos.
“La ley de Alianzas Público Privadas no tiene ni dos años de aplicación, no se ha concretado un solo proyecto, y ya el gobierno quiere modificarla pues tiene actualmente controles efectivos para promover la competencia y limitar el uso de las APPs a casos específicos.
Por el contrario, este gobierno busca modificarla para entregar rápidamente el patrimonio dominicano”, expresó.
El economista señaló algunos de los postulados más peligrosos tales como el artículo 13 párrafo 2 de la propuesta de ley se establece que los proyectos estratégicos pueden ser objeto de un procedimiento simplificado de evaluación, y dicho proceso simplificado elimina todos los plazos mínimos para evaluación del proyecto, licitación y selección de contraparte privada. “En pocas palabras, esta modificación permitiría entregar proyectos de la noche a la mañana, o mejor dicho, entregar grado a grado”.
Asimismo, en el artículo 4 de la propuesta de ley se da la potestad al Consejo de APPs a dar inicios a “procesos especiales simplificados” ante catástrofes y emergencias, contrario a lo establecido en la legislación actual que reserva esa facultad al Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.
En el artículo 18 párrafo II se establece que las deudas contraídas por el fideicomiso para la realización de APPs no serán reputadas como deuda pública ni tendrán garantía del Estado, pues afectan el patrimonio del fideicomiso y no el patrimonio del Estado, SALVO (y aquí está el gancho) que se hubiera pactado lo contrario en el acto de constitución del fideicomiso, entre otros.
