El mandatario aún en funciones debido a que el parlamento no ha aceptado su renuncia, indicó que presentará «argumentos y pruebas».
Paraguay, RT- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien se mantiene aún en funciones a pesar de presentar la renuncia al cargo este 5 de noviembre luego que el Congreso rechazó su dimisión, envió un nuevo mensaje al país para informar que se presentará y ejercerá su derecho a la defensa en el juicio político que aprobó esta misma jornada la Cámara de Diputados.
«Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad. Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República», indicó Peña en un mensaje publicado en la red social X.
El mandatario agregó que ha decidido someterse al proceso que tutela el parlamento «no por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo».
«Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley», añadió.
Entre tanto, Peña expresó que su deseo es que el pago a los ahorristas afectados por el quiebre e intervención del Ueno Bank, cerca de 3 millones de personas, no quede pendiente ni esté sujeto a lo que ocurra con su juicio político.
«La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas», dijo.
«Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra», señaló el mandatario.
Entre tanto, Peña pidió al país preservar «la calma y la paz». «El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas. Mi suerte personal no está por encima del Paraguay.
Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas», agregó.
Inestabilidad política y social
El Senado paraguayo fracasó esta misma jornada en sus intenciones de aborar la renuncia a la Presidencia presentada por Peña debido a la falta de cuórum en la Cámara de Diputados.
Previamente esa misma instancia aprobó por unanimidad (78 votos), el inicio de un juicio político contra el jefe de Estado.
La situación en torno a la renuncia presidencial y la crisis de Ueno Bank ha generado confusión sobre cómo se resolverá el futuro de Peña, quien se vio salpicado directamente en el escándalo financiero que afecta a 2,9 millones de ahorristas que están sin acceso a sus depósitos.
Al mandatario se le acusa de presuntos delitos relacionados con el escándalo bancario como: conflicto de intereses, cooptación del Estado, manipulación regulatoria, desvío de fondos jubilatorios, sobrepaso de límites crediticios, encubrimiento institucional, beneficio patrimonial indebido y afectación de la confianza en el sistema financiero nacional.
Aunque la renuncia se produjo al menos una hora antes de que la Cámara decidiera iniciar un juicio en su contra, la acción, presentada formalmente ante el Congreso por el ministro del Interior, Enrique Riera, cerca de las 1:30 de la tarde, no le permite al mandatario salvarse de la decisión que pueda tomar el Senado, pues su fallo será el que decida sobre la situación política y judicial de Peña, indicó el medio local ABC.
Si finalmente Peña es destituido mediante un juicio político, perderá el beneficio de acceder a la condición de senador vitalicio y, por tanto, no contará con el fuero parlamentario correspondiente a esa figura.
«En ese escenario, Peña podrá quedar expuesto a un eventual procesamiento penal, en el marco de la denuncia presentada en su contra, sin que sea necesario iniciar un procedimiento de desafuero por su condición de senador vitalicio», agrega el medio.
El otro camino para Peña y el más conveniente para él, es que finalmente el Senado acepte su renuncia y decida no continuar con el juicio político.
De esa forma el mandatario pasará a ocupar una banca como senador vitalicio y en consecuencia contará con el fuero que le impide ser juzgado como cualquier civil. «Para que pueda ser sometido a un proceso penal, será necesario que el Congreso tramite previamente su desafuero».
¿Qué se le acusa a Peña?
El problema principal de Peña es que una investigación periodística publicada el pasado 17 de octubre en el medio ABC, reveló que Ueno Holding Saeca, una firma vinculada a Ueno Bank, pagó por lo menos hasta marzo de 2026 una fortuna de 30.000 millones de guaraníes (unos 4.950 millones de dólares) a una empresa en la que el presidente figuraba como accionista.
Además, en septiembre de 2023, cuando recién comenzaba su Gobierno, Peña designó al frente del Banco Central de Paraguay (BCP) a Carlos Carvallo, un exdirectivo de la Financiera Ueno, lo que significa que, a partir de ese momento, debía supervisar que su anterior empleador cumpliera con las leyes financieras, lo que no ocurrió.
El caso se agrava porque, a partir de la llegada de Peña a la presidencia y de Carvallo al BCP, Ueno Bank comenzó a recibir multimillonarios fondos del estatal Instituto de Previsión Social para que pagara las jubilaciones, lo que redundó en exorbitantes ganancias para los banqueros que esta semana quedaron detenidos.
Crisis en desarrollo
La crisis de Ueno Bank afecta principalmente a los trabajadores, ya que durante el mandato de Peña la entidad captó miles de millones de dólares en fondos del seguro social tras los cambios en los criterios de inversión del Instituto de Previsión Social.
El total de usuarios afectados, cerca del 45 % de la población paraguaya, perdieron acceso a sus ahorros, mientras que otros sectores que dependían de esos fondos para sus jubilaciones quedaron afectados por la incertidumbre sobre sus ingresos.
Tras la intervención y el cierre de la entidad, las protestas no se hicieron esperar y las calles de Asunción se convirtieron en escenario de movilizaciones masivas de ahorristas en el microcentro.
Los manifestantes fueron los primeros en exigir un juicio político a Santiago Peña y la devolución inmediata de su dinero.
Frente al Congreso, la Policía Nacional utilizó gases lacrimógenos y un carro hidrante para dispersar a quienes reclamaban la restitución de sus fondos, en medio de lo que la prensa local calificó en ese momento como uno de los episodios «más delicados» para la administración de Peña.
