Santo Domingo.-. El informe final de la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, develó irregularidades en el manejo de los fondos administrados durante la gestión del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa.
Así lo establece el órgano fiscalizador del Estado, en la investigación especial realizada al Plan de Humanización del sistema penitenciario de la República Dominicana, en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de agosto del 2020.
La resolución que contiene las irregularidades, violaciones legales y otros ilícitos en la adjudicación de contratos por miles de millones de pesos, fue aprobada por los miembros de la Cámara de Cuentas el ayer lunes 27 de junio.
Conforme con el arqueo, las anomalías detectadas durante el periodo 2016-2020 inician con el no suministro de la documentación y soportes del manejo de mil 782 millones 419 mil pesos.
Asimismo, están el pago por más de seiscientos millones de pesos sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía y la adjudicación de un contrato por más de 103 millones de pesos a una empleada del Ministerio de la Presidencia.
Se suma a las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuenta un contrato por más de 500 millones de pesos a un consorcio sin registro de suplidor del Estado.
Lista de infracciones
Falta de planificación de las obras, por un monto final contratado de RD$ 8,535, 985,106.
Inauguración y compra de equipamiento sin culminar obras de construcción por RD$ 1,526, 048, 964.
Vicios ocultos delante construcción de obra por RD$ 438,715,007.
Adjudicación a proveedor sin evidencia de documentación legal y técnica por RD$ 348, 299, 904.
Obras que presentan pagos mayores a los ejecutados en campo por RD$ 313, 405, 422.
Adjudicación a empresas pertenecientes a los mismos socios en un mismo procedimiento de selección por RD$ 109, 809, 445.
Otras anomalías van desde composición del comité de comprar irregular, contratistas no habilitados, inconsistencias en las documentaciones, inobservancia en pago y declaración de impuestos hasta ausencia de títulos de propiedad de terrenos.
El informe de 10 páginas de la Cámara de Cuentas instruye, además, que el mismo será remitido a la procuraduría y demás organismos de control del Estado.
