SANTO DOMINGO, RD.=. El Tribunal Constitucional confirmó mediante la Sentencia TC/0855/26 la constitucionalidad de la Ley 311-14.
La norma obliga a funcionarios de dirección y administración estatal, incluidos directivos de Banreservas, a presentar declaración jurada de patrimonio. La decisión respalda las atribuciones de la Cámara de Cuentas.
El TC rechazó la acción directa de inconstitucionalidad contra los numerales 13, 20, 21 y 33 del artículo 2 y el artículo 21.
Declaró que esas disposiciones son conformes con la Constitución. El fallo fortalece la transparencia y rendición de cuentas.
La alta corte determinó que la obligación aplica a quienes participan en la dirección y gestión de entidades con capital del Estado.
Estableció que esa condición impone un deber reforzado de transparencia patrimonial. Así lo precisó la sentencia.
El TC aclaró que la fiscalización de la Cámara de Cuentas no invade funciones de la Junta Monetaria, Banco Central o la Superintendencia de Bancos. Esos organismos regulan lo financiero.
La Cámara verifica el patrimonio personal y el origen de los bienes.
La Cámara de Cuentas, que preside Emma Polanco Melo, da seguimiento permanente a los obligados.
Publica cada dos meses en Ojo Ciudadano el listado de omisos.
Esto facilita el acceso ciudadano y fortalece el control social.
La entidad valoró la Sentencia TC/0855/26 como un precedente de seguridad jurídica.
Reafirma la declaración jurada como herramienta contra la corrupción. La Cámara reiteró su compromiso de actuar con independencia y apego a la ley.
